Robo agravado es la carátula de la carpeta que investiga a un sujeto detenido por la Policía poco después de un asalto en el que dos marginales se alzaron con G. 76.834.000, propiedad de la empresa expendedora de combustibles y lubricantes “Integral”, sitiada en el paseo central del km 11 de la Ruta PY02. Francisco Ariel Rodríguez Olazar, alias “Capri”, de 27 años, sospechado de la comisión del hecho, está imputado con pedido de prisión preventiva por robo agravado.
Resultó víctima Gustavo Espínola Maciel, administrador de la firma, quien conducía una camioneta de la empresa, cuando fue sorprendido en el semáforo del km 6,5, por dos sujetos que descendieron de un biciclo y lo intimaron a la entrega de la bolsa que contenía la suma de referencia, lista de su depósito en un banco de plaza. El funcionario fue golpeado con un arma de fuego en la cabeza, el cuello y el estómago hasta que los criminales se apoderaron de la cartera donde se encontraba el dinero, producto de la recaudación del pasado fin de semana.
Todo el acto fue filmado por el conductor de un rodado que esperaba la orden del semáforo para seguir circulando y lo hizo viral en sus redes sociales. El elemento está en poder de los investigadores de la Policía, pero la individualización de los protagonistas se torna sumamente difícil por no poder observarse los rostros. En seguimiento al caso, la Policía detuvo al ahora procesado, lo puso a disposición de la Fiscalía como sospechoso y ahora cuenta con pedido de prisión preventiva. Por los datos proporcionados, los investigadores ubicaron el biciclo en un inquilinato, donde encararon a Rodríguez Olazar, quien dijo que la motocicleta Kenton, de color rojo, fue dejada en el lugar por un tal “Leo”.
La Fiscalía deberá probar la intervención del imputado en la comisión del hecho que investiga y detallarla en su requerimiento conclusivo, pese a que hasta el momento no se cuenta con evidencia alguna que fortalezca la teoría policial. El hecho tipificado cuenta con elevada expectativa de pena y de confirmarse las sospechas, el Ministerio Público tendrá la posibilidad de requerir medidas de seguridad en un eventual contradictorio público para el finiquito de la causa. El procesado fue remitido a la Dirección de Policía hasta que el juzgado penal de garantías notifique a la institución uniformada su lugar de reclusión preventiva.