Juan Gabriel Cantero Gómez, detenido injustamente por los agentes de la comisaría 7ª del barrio San José.
Durante un llamativo procedimiento, agentes de la comisaría 7ª del barrio San José de Ciudad del Este detuvieron el sábado a un hombre por supuestamente estar en “actitud sospechosa”. El aprehendido estaba sentado en una plaza pública cuando los agentes llegaron y le exigieron su cédula de identidad. Sorprendido, el sujeto consultó a los intervinientes porqué le estaban molestando, siendo que apenas estaba descansando en el lugar como cualquier ciudadano honesto y sin cualquier antecedente judicial o policial.
El aprehendido es Juan Gabriel Cantero Gómez, de 32 años, domiciliado en el barrio Don Bosco, quien, según la Policía, incurrió en delitos como resistencia y exposición al peligro en el tránsito terrestre, además procedieron a la incautación de una motocicleta que ellos consideraron de dudosa procedencia.
Según los datos, Cantero Gómez descendió de su motocicleta y estaba sentado, descansando en la plaza Piro’y del barrio San José, cuando fue abordado por agentes de la referida dependencia policial, quienes le exigieron su documento de identidad. Muy sorprendido, el hombre les preguntó qué fue lo que hizo para que le aborden de esa manera y se negó a entregarles su cédula hasta que le explicaran la razón del procedimiento. Luego entregó sus documentos y también exigió que consultaran en el sistema informático de la Policía Nacional si tenía o no algún antecedente. Los uniformados no quisieron saber nada, esposaron y llevaron al hombre como si fuera un delincuente a la sede policial.
ARTÍCULO 12 DE C.N.
El artículo 12 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay es claro y deja en evidencia cómo los uniformados acostumbran a realizar procedimientos irregulares, ya que desde la figura de “actitud sospechosa” no les da derecho a detener a nadie. Textualmente, la Carta Magna dice: “Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal”.
Este es solo uno más de los cientos de casos registrados a diario en nuestro departamento, donde los derechos de ciudadanos de bien son atropellados por los agentes de la Policía Nacional.
