Fiscalía y Contraloría no actúan sobre actos de corrupción atribuidos a Caballero-Vargas

Tanto el Ministerio Público como la Contraloría General de la República (CGR) se mandaron a silencio tras las denuncias formales y denuncias públicas realizadas contra el intendente de Minga Guazú, Digno Caballero (ANR), y su esposa, la diputada Blanca Vargas. Concejales mingueros habían hecho llegar a estas instituciones documentos sobre sospechas de varios hechos de corrupción. También saltó a luz pública que las empresas de parlamentarias fueron beneficiadas con miles de millones en contratos con la institución pública a cargo de su marido. Recientemente, la familia habilitó una nueva estación de servicios en el km 14 Monday.

A un mes de la presentación de las denuncias por sospechas de hechos de corrupción ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía General del Estado, por parte de cuatro concejales mingueros, ninguna de las instituciones citadas no dan señales de que se abrirá una investigación. Los ediles colorados Edgar Franco, Eudes Mereles, Proto Meza y Oscar Romero Roa habían presentado varias documentaciones e inconsistencias en la rendición de cuentas 2019 de Caballero, solicitando una auditoría a la institución.

Sin embargo, la denuncia realizada por los ediles no fue lo más graves, sino lo que se dio a conocer a través de las declaraciones juradas de Vargas de Caballero, desde la página de la misma Contraloría. La misma se estuvo enriqueciendo con sus empresas y contratos directos con la comuna, a través de sus empresas Po Kuarahy Rese S.A. y Dimafre S.A.

Las adjudicaciones directas a las empresas Po Kuarahy Rese S.A. y Dimafre S.A, solo durante el año 2019, fueron superiores a G.1.114 millones. Los concejales opositores de Minga Guazú, a inicios de este año, ya advirtieron sobre cuán beneficiada era la primera empresa citada con las adjudicaciones, y presumieron que pertenecía a algún cercano de Caballero. Por ello, los ediles habían solicitado el rechazo de la ejecución presupuestaria del 2019 del intendente.

Po Kuarahy Rese firmó, desde el 2013, unos 14 contratos. En tanto, Dimafre S.A. tuvo 26 contratos, de los cuales siete fueron acuerdos con otros municipios. Solamente una vez participó de un concurso de ofertas, los demás fueron contrataciones directas.

Los contratos fueron para adquisición de piedra bruta basáltica, construcción de empedrado, adquisición de muebles, equipos informáticos, tierra para el cementerio de la ciudad, entre otros.

En la declaración jurada de la diputada, del año 2013, figura que esta tiene más de G. 10.000 millones en bienes.

La semana pasada, la familia Caballero inauguró una nueva estación de servicio en el km 14 Monday, como uno más de sus negocios millonarios.