Prohíben recibir detenidos en la Dirección de Policía del Alto Paraná

Desde ayer, la Dirección de Policía del Alto Paraná prohibió la admisión de nuevos presos, teniendo en cuenta que el calabozo, con capacidad para albergar a 90 detenidos, ya está repleto. De esta cantidad, 59 fueron sometidos a la prueba del Covid-19, cuyos resultados afortunadamente dieron negativo, pero aún no pueden ser remitidos a las cárceles debido a la excesiva burocracia. La situación se vuelve cada vez más caótica, pues las diferentes comisarías del Alto Paraná también están rebasadas en su capacidad.

El subcomisario Hugo Sosa, jefe del Departamento Judiciales de la Policía departamental, mencionó ayer que se vieron obligados a clausurar el calabozo de la Dirección de Policía del Alto Paraná, debido a la falta de espacio y logística, que abarca alimentación, aseo personal, además de abrigos y colchones, más aún ahora que las temperaturas son muy bajas, justamente por el invierno. El reclusorio transitorio tiene la capacidad para albergar a 90 presos, pero ya está repleto.

Según Sosa, de los 90 recluidos en ese sitio, 59 fueron sometidos a la prueba del coronavirus, cuyos resultados fueron todos negativos.

BUROCRACIA

A raíz de la burocracia tremenda con que el Ministerio de Justicia maneja este tema del protocolo sanitario, los 59 procesados, que ya cuentan con remisión a diferentes cárceles del país, aún no pueden ser enviados a ningún sitio, mientras que a diario, en el departamento se registran detenciones por diferentes hechos punibles y estas personas están presas en las distintas comisarías del décimo departamento, cuyos calabozos no cuentan con la estructura adecuada para mantener a los aprehendidos o en otros casos incluso no tienen calabozos.

INHUMANO

El intenso frío, típico de esta época del año, trae consigo muchas complicaciones respiratorias. Los detenidos están a merced del  hambre y de otras vicisitudes propias que atraviesan las personas privadas de libertad. Sosa mencionó que ya solicitó ayuda a varios entes del Estado para poder solventar los costos que conllevan, alimentar, abrigar e incluso medicar a los procesados.