Junta anula permiso otorgado a Kelembu para instalar surtidor cerca del lago Acaray
Tras sucesivas postergaciones, finalmente la Junta Municipal de Ciudad del Este anuló ayer la resolución que habilita la instalación de un surtidor en cercanías del lago Acaray, en el km 8,5. El negocio está a nombre del hijastro del concejal Celso “Kelembu” Miranda, quien ya ubicó varias gasolineras de forma irregular, sin respetar las disposiciones del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (MADES) y normativas municipales.

Fue durante la sesión de ayer de la Junta Municipal de CDE.
Por unanimidad, durante la sesión ordinaria de ayer, la Junta Municipal anuló la resolución que permite instalar allí la gasolinera. Estuvieron ausentes los concejales Alejandro Zacarías (ANR) y la concejal Lilian González de Aguinagalde. En tanto, el concejal Miranda se retiró algunos minutos antes de que sea tratado el punto.
El negocio está a nombre de Darío Bareiro Cubas, hijastro de Kelembu. Se sabe que se trata de un prestanombre del edil ligado al zacariismo-cartismo. Hace más de un mes, pobladores de las cercanías del lago, representados por el abogado Celso Espínola, presentaron el pedido de revocatoria de la resolución de la Junta, que habilita la construcción de la estación de servicio en el lugar. Sin embargo, los ediles postergaron su tratamiento en reiteradas ocasiones.
Hace ocho días, llegó al legislativo un informe que se solicitó a la dirección de medio ambiente de la comuna para que esta se expida sobre las posibles consecuencias de ubicar allí una estación de servicio. En el informe, se confirma que de cometerse lo pretendido por Kelembu, se podría causar severos daños al ecosistema del lugar, y además poner en peligro la salud de los pobladores de las inmediaciones.
El concejal Teodoro Mercado (PLRA) apuntó que se sabe de la prohibición de colocar establecimientos de este tipo próximo a cauces hídricos. Los surtidores del concejal Miranda aparecen como hongos en Ciudad del Este. Son del emblema Petrochaco, y se instalan violando la ordenanza municipal y las normas ambientales.
En el barrio Santa Ana se instaló un puesto de expendio de combustible, a apenas unos 50 metros de otra estación de servicio, cuando la ordenanza reza que las gasolineras deben estar distanciadas unas de otras, como mínimo por 300 metros lineales.
Anteriormente, la ordenanza exigía que la distancia entre un surtidor y otro, sea de 1.000 metros, pero Celso Mirada, con la ayuda de diez concejales de la Junta, logró reducir a 300 metros, con la finalidad de acomodar la normativa a conveniencia de su negocio.
En tanto, funcionarios del MADES) ya se habían presentado a la Junta a advertir sobre la peligrosidad de no regirse de acuerdo a las leyes ambientales, dado que se pueden contagiar acuíferos y pozos, causando daños a la salud de la población, al filtrar en el suelo sustancias químicas del combustible.
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