Guardias privadas y desalojos, grandes fuentes de recaudación para agentes policiales corruptos

Este otro agente del GEO trabaja como guardia privado en una conocida joyería, ubicada frente al shopping Mirage.
Las famosas “guardias privadas” continúan siendo un negocio sumamente rentable para el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, dependiente de la Dirección de Alto Paraná. Pese a la existencia de una orden que restringe el comisionamiento de estos uniformados para este tipo de custodios, los mismos siguen prestando los servicios de manera totalmente irregular. Asimismo, los desalojos y protección de grandes extensiones de tierras, sobre las cuales existen amenazas de invasión, constituyen otra importante fuente de recaudación paralela e ilegal de agentes corruptos de la asesoría jurídica de la PN, denunciaron las fuentes.
Periodistas de La Clave “pillaron” ayer en varios puntos del microcentro de Ciudad del Este a efectivos policiales del GEO realizando las famosas guardias policiales privadas. Los mismos están apostados “estratégicamente” frente a entidades bancarias, financieras y casas de cambio, principalmente. De acuerdo con los datos, estos agentes nunca prestan servicios de guardia en la Dirección de Policía del Alto Paraná sino están comisionados directamente en estas empresas privadas, todo bajo “coordinación” del jefe del GEO de Alto Paraná, Crio. Ismael Romero, y el director de Policía, Crio. Gral. Carlos Wilson Aguilera, según revelaron los propios agentes que, incluso, deben trabajar a doble turno, mientras que sus camaradas nunca aparecen por la institución. También el comandante de Policía, Crio. Gral. Francisco Resquín, estaría en conocimiento de esta situación, pero no toma cartas en el asunto porque también le alcanzaría parte de la “facturación”, mencionaron los informantes.
Esta situación se da pese a que la Comandancia de la Policía Nacional había ordenado en setiembre del año pasado restringir el comisionamiento de agentes policiales que no se ajusten a la normativa establecida para tales efectos, buscando evitar así el servicio de los uniformados para guardias privadas. Sin embargo, al final esta orden resulta “letra muerta” en la Dirección de Policía del Alto Paraná.
MILLONES CON DESALOJOSY AMENAZAS DE INVASIONES
Otro negocio rentable para la Policía Nacional, principalmente la asesoría jurídica, son los desalojos y las amenazas de invasiones de tierras. En el caso de los desalojos, todos los pedidos se centralizan en la sección judicial, a cargo del suboficial Osmar González, quien opera “en equipo” con otro suboficial de nombre Jorge Ortiz. Cualquier empresario o abogado, en representación de algún dueño de tierras, está obligado a sentarse a “negociar” con los mencionados para que se haga el desalojo, previo “arreglo” del monto para tal efecto, que oscila entre los 5 a 20 mil dólares, dependiendo de las dimensiones del inmueble y la cantidad de invasores que deben ser desalojados, según denunciaron abogados que ya pasaron por esta “experiencia” y conocen el modus operandi de estos policías.
El otro negocio próspero es brindar “protección” a grandes inmuebles, sobre los que pesan amenazas de invasión y que abundan en el décimo departamento. En ese caso, los terratenientes pagan sumas millonarias a los policías, en forma mensual, para mantener una dotación de policías en las propiedades y así protegerse de los sintierras.
OSTENTACIÓN DE RIQUEZA
Cabe indicar finalmente que estos policías citados de la Asesoría Jurídica de la Dirección de Policía del Alto Paraná hacen ostentación de un notable buen pasar económico, que no condice con los salarios que perciben en la institución policial. Osmar González, por ejemplo, acaba de estrenar una camioneta nueva “de paquete” Chevrolet S-10 2020, color gris oscuro. En tanto el suboficial Ortiz es dueño de una Toyota Land Cruiser. Es decir, todos poseen rodados de lujo, que la mayoría de los agentes policiales honestos jamás podrían comprar con sus salarios.
Lo más lamentable es que estas situaciones irregulares pasan inadvertidas para el director de Policía, el Departamento de Asuntos Internos y la propia Comandancia, que nunca investigó sobre las roscas mafiosas que siguen operando dentro de la institución policial, con total impunidad y desfachatez.
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