Crece sistemáticamente número de procesados por violación de cuarentena
No solo en las unidades especializadas en delitos contra el medio ambiente se procesan causas contra personas aprehendidas y procesadas por violación del artículo 10 de la Ley 716/96, sino también se abren causas en las 11 unidades penales ordinarias, tras aprehensiones en flagrancia, comunicadas por la Policía. Entre los casos más comunes están las tentativas de cruce hacia el lado brasilero y viceversa, a través del río Paraná, sea en embarcaciones o a nado, según los registros estadísticos de la Fiscalía.
Los últimos procesos iniciados ayer afectan a Miguel Ángel Cabañas Román y Wilfrido Smit Colmán, ambos detenidos por la fuerza pública en prosecución a un caso de hurto en el interior de una peluquería céntrica, hecho ocurrido alrededor de las 00:20 en la avenida Camilo Recalde. En la mayoría de los casos, se envía a los procesados a su domicilio para guardar la cuarentena sanitaria y luego de obtener los dos sucesivos resultados negativos en sus pruebas de Covid-19 son llamados por la Fiscalía para darles la oportunidad de presentar su descargo.
Solamente en las tres unidades especializadas en hechos punibles contra el medio ambiente se cuentan con más de 1.000 procesados, acorde los registros de la oficina de denuncias. Los procesos pueden tener salidas procesales, ya que los hechos se consideran delitos y los códigos permiten el procedimiento abreviado, suspensión condicional del procedimiento o el criterio de oportunidad, figuras que implican la autoría de los hechos punibles que merecieron la apertura de una causa penal. En estos casos, los procesados plantean la reparación al daño social causado, ofreciendo la provisión de kits de alimentos no perecederos, que posteriormente son destinados para su utilización en las conocidas “ollas populares”.
Los agentes fiscales resaltan la inconsciencia y la irresponsabilidad de los ciudadanos que no consideran ser infectados por el coronavirus. Si bien se reconocen las necesidades ciudadanas, existen leyes vigentes que prohíben la aglomeración de personas, además de decretos presidenciales y resoluciones del Ministerio de Salud que establecen los protocolos a seguir en el marco de las prevenciones de la pandemia, el comportamiento social amerita la intervención de la Fiscalía para coadyuvar en la tarea de las autoridades sanitarias.
No solo en las unidades especializadas en delitos contra el medio ambiente se procesan causas contra personas aprehendidas y procesadas por violación del artículo 10 de la Ley 716/96, sino también se abren causas en las 11 unidades penales ordinarias, tras aprehensiones en flagrancia, comunicadas por la Policía. Entre los casos más comunes están las tentativas de cruce hacia el lado brasilero y viceversa, a través del río Paraná, sea en embarcaciones o a nado, según los registros estadísticos de la Fiscalía.
Los últimos procesos iniciados ayer afectan a Miguel Ángel Cabañas Román y Wilfrido Smit Colmán, ambos detenidos por la fuerza pública en prosecución a un caso de hurto en el interior de una peluquería céntrica, hecho ocurrido alrededor de las 00:20 en la avenida Camilo Recalde. En la mayoría de los casos, se envía a los procesados a su domicilio para guardar la cuarentena sanitaria y luego de obtener los dos sucesivos resultados negativos en sus pruebas de Covid-19 son llamados por la Fiscalía para darles la oportunidad de presentar su descargo.
Solamente en las tres unidades especializadas en hechos punibles contra el medio ambiente se cuentan con más de 1.000 procesados, acorde los registros de la oficina de denuncias. Los procesos pueden tener salidas procesales, ya que los hechos se consideran delitos y los códigos permiten el procedimiento abreviado, suspensión condicional del procedimiento o el criterio de oportunidad, figuras que implican la autoría de los hechos punibles que merecieron la apertura de una causa penal. En estos casos, los procesados plantean la reparación al daño social causado, ofreciendo la provisión de kits de alimentos no perecederos, que posteriormente son destinados para su utilización en las conocidas “ollas populares”.
Los agentes fiscales resaltan la inconsciencia y la irresponsabilidad de los ciudadanos que no consideran ser infectados por el coronavirus. Si bien se reconocen las necesidades ciudadanas, existen leyes vigentes que prohíben la aglomeración de personas, además de decretos presidenciales y resoluciones del Ministerio de Salud que establecen los protocolos a seguir en el marco de las prevenciones de la pandemia, el comportamiento social amerita la intervención de la Fiscalía para coadyuvar en la tarea de las autoridades sanitarias.
Los casos se presentan a diario en la oficina de denuncias y ni siquiera las publicaciones en medios masivos de comunicación, hacen que los ciudadanos incumplan las disposiciones.
No solo en las unidades especializadas en delitos contra el medio ambiente se procesan causas contra personas aprehendidas y procesadas por violación del artículo 10 de la Ley 716/96, sino también se abren causas en las 11 unidades penales ordinarias, tras aprehensiones en flagrancia, comunicadas por la Policía. Entre los casos más comunes están las tentativas de cruce hacia el lado brasilero y viceversa, a través del río Paraná, sea en embarcaciones o a nado, según los registros estadísticos de la Fiscalía.
Los últimos procesos iniciados ayer afectan a Miguel Ángel Cabañas Román y Wilfrido Smit Colmán, ambos detenidos por la fuerza pública en prosecución a un caso de hurto en el interior de una peluquería céntrica, hecho ocurrido alrededor de las 00:20 en la avenida Camilo Recalde. En la mayoría de los casos, se envía a los procesados a su domicilio para guardar la cuarentena sanitaria y luego de obtener los dos sucesivos resultados negativos en sus pruebas de Covid 19 son llamados por la Fiscalía para darles la oportunidad de presentar su descargo.
Solamente en las tres unidades especializadas en hechos punibles contra el medio ambiente se cuentan con más de 1.000 procesados, acorde los registros de la oficina de denuncias. Los procesos pueden tener salidas procesales, ya que los hechos se consideran delitos y los códigos permiten el procedimiento abreviado, suspensión condicional del procedimiento o el criterio de oportunidad, figuras que implican la autoría de los hechos punibles que merecieron la apertura de una causa penal. En estos casos, los procesados plantean la reparación al daño social causado, ofreciendo la provisión de kits de alimentos no perecederos, que posteriormente son destinados para su utilización en las conocidas “ollas populares”.
Los agentes fiscales resaltan la inconsciencia y la irresponsabilidad de los ciudadanos que no consideran ser infectados por el coronavirus. Si bien se reconocen las necesidades ciudadanas, existen leyes vigentes que prohíben la aglomeración de personas, además de decretos presidenciales y resoluciones del Ministerio de Salud que establecen los protocolos a seguir en el marco de las prevenciones de la pandemia, el comportamiento social amerita la intervención de la Fiscalía para coadyuvar en la tarea de las autoridades sanitarias.
Los casos se presentan a diario en la oficina de denuncias y ni siquiera las publicaciones en medios masivos de comunicación, hacen que los ciudadanos incumplan las disposiciones.
Los casos se presentan a diario en la oficina de denuncias y ni siquiera las publicaciones en medios masivos de comunicación, hacen que los ciudadanos incumplan las disposiciones.
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