Vecinos de barrio franqueño insisten que no se les puede dejar sin plaza ni calles

Los vecinos del barrio Santa Rosa de Presidente Franco reiteraron ayer ante la Junta Municipal su preocupación de quedarse sin plaza, denominada La Familia, y sin calles a causa de un trámite administrativo municipal y judicial promovido por los herederos del supuesto dueño de apellido Fernández. Pidieron al intendente Roque Godoy que rechace el pedido de fraccionamiento definitivo, ya que si acepta estaría dejando sin espacio público a los pobladores. También dudan de la autenticidad de documentos presentados por la familia.

La semana pasada, en sesión extraordinaria, la Junta Municipal de Presidente Franco, se trató el expediente de pedido de fraccionamiento definitivo de un inmueble luego de una intimación judicial resuelta por la jueza Sara Silva Figueredo. Resultó un empate de 5 votos por la aprobación contra 5 votos por el rechazo. Luego, el presidente del cuerpo legislativo, Roberto Brizuela, desempató rechazando el pedido de fraccionamiento de Damián Fernández Duarte y Félix Benicio Fernández Duarte.

Ayer los vecinos presentaron una nota a la Junta Municipal solicitando al intendente Roque Godoy (PLRA), que también rechace el pedido de fraccionamiento definitivo a favor de los supuestos herederos, ya que existen dudas ante la delimitación del sitio y requerirá una mensura judicial; sin ello, se perjudicará a los lugareños que usan el espacio como público desde hace más de 20 años, inclusive durante las gestiones de intendentes anteriores se realizó importantes inversiones en el sector.

Añadieron que durante la gestión del extinto intendente Miguel Medina, el mismo Damián Fernández fue presidente de la comisión vecinal, cuyos miembros lograron el empedrado de una de las calles, pero “llamativamente ahora dice ser el dueño de dicha parcela”, señala parte de la nota presentada por los lugareños.  

También agregaron que las calles y la plaza La Familia son utilizadas por los vecinos desde hace más de 20 años, y constituyen de interés social, por lo que la Junta Municipal debe declararlo como tal y gestionar una expropiación a favor de la Municipalidad y posterior indemnización a los verdaderos dueños.