De manera burda, fiscal Benítez intenta “desmarcarse” de polémico allanamiento
SANTA RITA.- De manera bastante sugestiva y hasta burda, el agente fiscal de Santa Rita, Edgar Benítez, intentó “desmarcarse” del polémico operativo encabezado por él en la mañana del lunes último en este distrito y en Tavapy, afirmando a periodistas de radio La Clave que “él no estaba en el lugar de la intervención”, pese a la existencia de fotografías que demuestran que sí estuvo comandando el operativo, conjuntamente con la abogada de un terrateniente chino. El fiscal ya fue denunciado por mal desempeño en sus funciones, ante la Fiscalía General del Estado.
Llama poderosamente la atención la actitud del fiscal Benítez, quien ahora está intentando negar haber avalado el violento operativo policial-fiscal, realizado en la zona de Cerro Largo, distrito de Santa Rita y en el asentamiento campesino Isla Puku, que ya está situado en Tavapy. Según el fiscal “él no estuvo ahí”, pese a la existencia de fotografías que lo muestran conversando con el abogado Carlos David Caballero, representante legal de los campesinos reprimidos, torturados y apresados ilegalmente.
Todo el operativo ilegal comenzó luego de un auto atentado realizado en las tierras que supuestamente son de la empresa Forestal de Negocios S.A., cuyo principal accionista es el ciudadano chino Ti En Li. La abogada Celsa Villalba, representante legal del oriental, entonces presentó denuncia contra los campesinos, quienes están cuestionando la legalidad del título de propiedad del extranjero, además de denunciar delitos ambientales en el lugar.
Una comitiva fiscal-policial se constituyó al lugar el lunes último, en el marco de la causa n° 993/2018 “Ministerio Público contra personas desconocidas s/supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno, coacción grave y violación de la ley de armas (producción de riesgos comunes). En el lugar, los intervinientes, bajo órdenes del fiscal Benítez y la abogada del oriental, Celsa Villalba, atropellaron el asentamiento campesino para amenazar, coaccionar, torturar y detener ilegalmente a cuatro campesinos.
También requisaron ilegalmente un tractor, pese a que no contaban con ninguna orden judicial para el efecto. Los intervinientes se comportaron como verdaderos bandoleros, cometiendo todo tipo de atropellos, presuntamente por orden de la abogada Celsa Villalba, representante legal del chino Li, según denuncia del abogado Carlos David Caballero, representante de los campesinos atacados.
TORTURA A MUJER
El abogado denunció que los intervinientes ingresaron ilegalmente hasta el asentamiento campesino Isla Puku, que está ubicado a unos 15 kilómetros de la estancia Rancho Alegre, donde los intervinientes llegaron al colmo de torturar y coaccionar a la esposa del dirigente campesino William Insaurralde, queriendo obligarla a firmar documentos de contenido desconocido. No obstante, pese a la fuerte presión, la misma no accedió a las pretensiones del fiscal Benítez y la abogada Villalba.
Según el abogado Caballero, el trasfondo del problema es que el oriental posee título sobre una propiedad de unas 5.800 hectáreas, que corresponde al municipio de Santa Rosa del Monday, de acuerdo al padrón 1.262, sin embargo, reivindican una posesión en el distrito de Tavapy, el padrón 712.
Intentaron hacer el cambio de distritación, lo cual es inconcebible, ya que en Tavapy el padrón tiene otro número, explicó el abogado, quien además lamentó que el Indert hace “la vista gorda” ante esta situación. El mismo señaló que, ante el irrefutable hecho de que existe un solo título y son 2 inmuebles diferentes, lo cual incluso figura en Catastro, los campesinos iniciaron trámites para reclamar las tierras en Tavapy, que serían fiscales, pero están siendo explotadas irregularmente por la empresa Negocios Forestales, propiedad del chino.
A raíz del grave atropello, el agente fiscal Edgar Benítez fue denunciado ante la Fiscalía General por mal desempeño en sus funciones. También fue denunciado el asesor jurídico de la Policía Nacional, Osmar González, por mal desempeño en sus funciones, violación de derechos procesales, tortura, coacción grave y amenaza. Finalmente, la abogada Celsa Villalba fue denunciada ante la Corte Suprema por usurpación de funciones, informó el abogado Caballero.
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