Vaesken busca responsables sobre obras fantasmas e inconclusas de la Gobernación

Tras denuncias de presuntos negociados con obras públicas en la Gobernación del Alto Paraná, el gobernador Roberto González Vaesken dispuso ayer el inicio de las averiguaciones por parte de la asesoría jurídica de la institución. Lo ordenó mediante la resolución 913/2020. Las graves denuncias saltaron a finales de mayo y se refieren a pozos artesianos pagados y aprobados como construidos, además de obras inconclusas del 2019.

El gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken, dio apertura a las pesquisas sobre las construcciones de obras de licitaciones públicas, como así también por transferencias de aportes a comisiones. Aparentemente, los negociados estuvieron en los desembolsos a los beneficiados.  

La primera denuncia fue presentada por Ángel Ramírez, director de la Escuela Básica 633 San José de la colonia Paranambú del distrito de Ñacunday, institución educativa donde debían construirse aulas, baños sexados, pozo artesiano y tinglado, según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), sin embargo, los trabajos no se iniciaron.

Es más, los pagos ya fueron realizados, unos 253 millones de guaraníes, en la primera parte y 172 millones en la segunda. Asimismo, hubo denuncias por parte de padres y del director de la escuela Básica 1.936 Aníbal Álvarez de Domingo Martínez de Irala sobre un pozo artesiano “fantasma”, cuya obra fue aprobada como terminada en rendición de cuentas del ejecutivo departamental del 2019.

Las denuncias públicas con documentos fueron hechas por el concejal Felipe Carlos Mora (Tekojoja), quien también hizo referencia de que hay obras realizadas en el predio de la Gobernación que recién se culminaron en el 2020, todas construidas con dinero entregado a comisiones, cuyos miembros no se dieron a conocer.

Según el documento, firmado por el gobernador Roberto González Vaesken y el secretario general, Roberto Pérez, una vez culminadas las averiguaciones, asesoría jurídica deberá emitir un informe al ejecutivo regional y, en el caso de encontrar o existir irregularidades, emitirá un dictamen pertinente con el fin de deslindar responsabilidades.