Policía y Fiscalía atropellan asentamiento por orden de terratenientes extranjeros

TAVAPY.- Dirigentes campesinos de esta región criticaron duramente que la Policía y el Ministerio Público se ponen “al servicio” de grandes terratenientes extranjeros, en vez de salvaguardar los intereses del campesinado paraguayo. Mencionaron el caso ocurrido el martes a la mañana, cuando una comitiva fiscal-policial atropelló un asentamiento campesino en este distrito para amenazar, coaccionar, torturar y detener ilegalmente a campesinos por presunta orden de los empresarios Aparecido Donizetti da Silva y el  chino Ti En Li. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) intervendría en el grave caso, ante sospecha de irregularidades.

El martes a la mañana, una comitiva policial-fiscal, encabezada por el fiscal Edgar Benítez, llevó a cabo un allanamiento totalmente irregular en un asentamiento campesino situado en Tavapy, para defender los intereses de poderosos terratenientes extranjeros. Los intervinientes están acusados de torturar y coaccionar a la esposa de un dirigente campesino y de requisar ilegalmente un tractor, pese a que no contaban con ninguna orden judicial para el efecto.

Según el informe policial (manipulado de acuerdo a los intereses de los sojeros), el operativo se realizó en la estancia Rancho Alegre, supuestamente propiedad de la empresa Forestal de Negocios S.A., cuyo principal accionista es el chino Li, en el marco de la causa n° 993/2018 “Ministerio Público contra personas desconocidas s/supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno, coacción grave y violación de la ley de armas (producción de riesgos comunes).

Los intervinientes, sin embargo, se trasladaron hasta el asentamiento campesino, donde se comportaron como verdaderos bandoleros, cometiendo todo tipo de atropellos, presuntamente por orden de la abogada Celsa Villalba, representante legal del chino Li, según denuncia del abogado Carlos David Caballero, representante de los campesinos atacados.

Caballero denunció que el fiscal Edgar Benítez y los policías ingresaron ilegalmente hasta el asentamiento campesino Isla Puku, que está ubicado a unos 15 kilómetros de la estancia Rancho Alegre, donde llegaron al colmo de torturar y coaccionar a la esposa del dirigente campesino William Insaurralde, queriendo obligarla a firmar documentos de contenido desconocido. No obstante, pese a la fuerte presión, la misma no accedió a las pretensiones del fiscal Benítez y la abogada Villalba.

El abogado agregó que cuatro campesinos, que intentaron socorrer a la víctima, también fueron detenidos por orden de la abogada, quien prácticamente fungía de agente fiscal en el lugar y era la que daba las órdenes, según el denunciante. Los detenidos son Silvino Bareiro Díaz (35), Eutalio Bareiro Díaz (27), Marcio Fontana Dos Santos (38) y el brasileño Francisco Claudecir Ferreira. Del asentamiento también fue incautado ilegalmente un tractor, siendo que la maquinaria habría sido retirada por el conocido empresario Jaderson Rafael Repossi, otro presunto usurpador de tierras.

Caballero mencionó que el trasfondo del problema es que Donizetti y su cómplice oriental poseen título sobre una propiedad de unas 5.800 hectáreas, que corresponde al municipio de Santa Rosa del Monday, de acuerdo al padrón 1.262, sin embargo, reivindican una posesión en el distrito de Tavapy, el padrón 712. Intentaron hacer el cambio de distritación, lo cual es inconcebible, ya que en Tavapy el padrón tiene otro número, explicó el abogado, quien además lamentó que el INDERT hace “la vista gorda” ante esta situación. Señaló que, ante el irrefutable hecho de que existe un solo título y son dos inmuebles diferentes, lo cual incluso figura en Catastro, los campesinos iniciaron trámites para reclamar las tierras en Tavapy, que serían fiscales, pero están siendo explotadas irregularmente por Donizetti y la empresa Negocios Forestales, propiedad del chino.

“Actualmente, los campesinos están gestionando el pedido de estudio del título, son 273 familias campesinas de Tavapy. Consecuentemente, este título debe ser anulado y se pide la mensura judicial para que las tierras pasen a ser administradas por el INDERT”, explicó el letrado. También indicó que el Ministerio del Medio Ambiente está informado e intervendría en el caso para determinar presuntas irregularidades.

“Lo que hicieron ayer fue un burdo intento de amedrentamiento, utilizando toda la estructura fiscal y policial, ya que sabido es que estos terratenientes tienen un gran poderío económico”, explicó el abogado, sindicando a las abogadas Celsa Villalba y Vilma Días (representante legal de Aparecido Donizetti) como las responsables de las acciones legales en contra de sus clientes.

PRESENTAN SENDAS DENUNCIAS CONTRA LOS INTERVINIENTES

El abogado Caballero, a raíz del grave atropello, se trasladó hasta la capital del país, en donde presentó sendas denuncias contra los intervinientes. El primer denunciado es el fiscal de Santa Rita, Edgar Benítez, por mal desempeño en sus funciones. La denuncia contra el mismo se formuló ante la Fiscalía General del Estado, con pedido de remitir los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. También fue denunciado el asesor jurídico de la Policía Nacional, Osmar González, por mal desempeño en sus funciones, violación de derechos procesales, tortura, coacción grave y amenaza. Finalmente, se presentó denuncia contra la abogada Celsa Villalba, por usurpación de funciones, comentó el abogado Caballero.

Fuentes fidedignas indicaron que el allanamiento ilegal le costó a los empresarios unos 18 millones de guaraníes. Es de público conocimiento que los mismos constantemente pagan a policías, fiscales e incluso jueces para imponer su voluntad.