Por falsificar facturas y otros delitos imputan a dirigentes locales del PLRA
El fiscal Edgar Sánchez imputó ayer a los administradores de campaña del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Luis Digno Moriz y Pascual Benítez, conocidos y cuestionados personajes de la región, por producción de documentos no auténticos y otros hechos punibles en el marco de una investigación por la presunta falsificación de facturas, en la última campaña de la nucleación política (2018). El presidente del partido, Efraín Alegre, también fue imputado, en carácter de coautor.
Hay que señalar que Moriz es considerado “hombre de confianza” de Alegre, desde sus tiempos en que se desempeñaba como concejal departamental, durante la administración del entonces gobernador Gustavo Cardozo (2003-2008). Durante su gestión, Moriz llegó a ser tildado de “gobernador’i”, ya que habría actuado como “mentor” y consejero de Cardozo y era el que instigaba la comisión de innumerables negociados, según las denuncias de la época.
Luis Digno Moriz también se convirtió en 2018 en miembro del Consejo de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN), por recomendación de Alegre, pese a sus nefastos antecedentes, que incluyen denuncias por estafa, exposición al peligro, enriquecimiento ilícito, entre otros. En tanto, Pascual Benítez es expareja de la concejal municipal de CDE, María Portillo. El mismo era administrador de la campaña liberal en las elecciones a gobernador en 2018, donde Portillo era candidata al cargo. Existe la presunción de que en aquel entonces, muchísimas facturas fueron “inventadas” para justificar supuestos gastos, dinero que no obstante enriquecía a los “administradores” de turno, quienes luego debieron “inventar” documentos para justificarse.
En cuanto a la investigación actual, el caso tiene que ver con una denuncia presentada por el empresario Silvio Concepción Martínez Mendoza, propietario de la estación de servicios Catedral (Puma), quien denunció en enero pasado la supuesta falsificación de una factura de combustible presentada por Alegre ante la Justicia Electoral. De acuerdo con la denuncia, el documento tiene que ver con una factura por G. 98 millones a nombre del PLRA, emitida en julio de 2018. El agente del Ministerio Público señaló que tiene en su poder otras facturas pertenecientes a la rendición de cuentas del directorio del partido, las cuales también serán analizadas en el marco de la investigación.
Se presume que sumas millonarias fueron “desviadas” bajo el rubro de “combustibles”, indicaron fuentes vinculadas a la pesquisa. El fiscal solicitó la comparecencia de los imputados ante el Ministerio Público, la prohibición de salida del país y una fianza real de G. 100 millones para cada uno. Detalló que la expectativa de pena es de entre uno a cinco años para los delitos investigados.
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