SANTA RITA.- Con un comunicado bastante confuso y hasta absurdo, divulgado en redes sociales, el intendente local César “Landy” Torres, intenta refutar graves acusaciones, que lo sindican de haber amenazado a agentes policiales de la Comisaría 18, quienes retuvieron durante una barrera de control a una menor de 14 años. La misma estaba al mando de una lujosa camioneta e iba camino a una peluquería, violando de esta manera la ley de Tránsito y también los decretos presidenciales que disponen cuarentena, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por coronavirus.
Pese a las evidencias concretas y prácticamente irrefutables, en su comunicado, Landy Torres habla de “denuncia malintencionada”, indicando que “en ningún momento me acerqué ni llamé a los efectivos de la policía nacional que realizaron el procedimiento, tampoco me acerqué hasta la comisaría durante el tiempo que la menor y su padre estaban en sede policial”.
Sin embargo, reconoce que se enteró del caso gracias a la llamada del empresario sojero Vitor Paulo Thiesen, quien supuestamente denunció que una abogada le pidió 5 millones de guaraníes para fines poco claros, pero de acuerdo a la denuncia presentada a nuestro medio, fue Thiesen quien ofreció una coima de 5 mil dólares, que no fue aceptada por los agentes intervinientes.
Landy Torres alega en su comunicado, que en compañía del presidente de la Junta Municipal Adrián Urtlauf y el concejal Airton Schmidt, se reunió con el comisario local, el padre de la menor y la supuesta abogada (cuya identidad no reveló). Pese a las explicaciones rebuscadas de “Landy”, quien busca el rekutu en el cargo, todo parece indicar que el mismo incurrió en tráfico de influencias y amenazó adrede a personal policial, que estaba en cumplimiento de sus funciones.
Inclusive, de manera prepotente y altanera, Landy habría advertido con “trasladar a todos los uniformados”, porque le “molestaron” a un amigo suyo, según indicaron nuestra fuentes fidedignas. Este tipo de conductas son bastante normales en ciertas autoridades municipales, que creen que ocupar circunstancialmente un cargo público, están por encima de las leyes y se pueden inmiscuir en el trabajo de Policía, Fiscalía, Poder Judicial, etc.
