La “causa 23” investiga a Sandra McLeod de Zacarías, exintendente de Ciudad del Este, a varios exfuncionarios municipales y el propietario de una empresa privada que figuraba como proveedora de varios servicios a la comuna esteña. Se habla de un perjuicio patrimonial superior a los G. 6 mil millones por los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, por los que hoy el Ministerio Público debe presentar el requerimiento conclusivo.
La exintendente Sandra McLeod es la principal acusada en la causa por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Son hechos ocurridos entre los años 2017 y 2018 en la Municipalidad y el informe de la intervención a cargo de María Carolina Llanes reveló esas irregularidades, que fueron confirmadas por la Contraloría General de la República (CGR) y se derivaron los antecedentes al Ministerio Público.
Además de Sandra McLeod, están imputados Christian David Espínola, exfuncionario de finanzas; Nilsa Paiva exfuncionaria de Acción Social; Vicente Rodríguez, Genaro García, auditor interno, Marcos Aurelio González, propietario de la firma MG Distribuidora y Eventos.
De acuerdo a la investigación fiscal, Paiva y Rodríguez se encargaron de confeccionar los informes sobre las supuestas entregas a tiempo y forma de los productos contratados, a efecto de que Espínola pague a la firma por los productos que presumiblemente no recibían. El modus operandi era a través del rubro de “asistencia social”, que eran justificados con facturas proveídas para blanquear el esquema.
SERIE DE DILACIONES
La causa cayó en el juzgado de garantías a cargo de Teresita Cazal, quien se excusó de entenderlo, porque uno de los abogados defensores fue funcionario de su juzgado. Con eso, el expediente fue con la magistrada n° 6, Dólica Giménez, quien impugnó la excusación y la causa fue a parar a la Cámara de Apelaciones, donde sus miembros Aniceto Amarilla, Isidro González y Miriam Meza, están suspendidos.
Desde entonces pasó más de medio año y luego comenzó una cadena de recusaciones para los sorteados a integrar la sala penal. Luego, pasó más tiempo y se integró la sala penal con los jueces Marta Acosta, Juliana Giménez y Efrén Giménez, al solo efecto de definir en qué juzgado penal de garantías se dirimirá la causa.
Previamente, McLeod recusó al camarista Raúl Insaurralde, quien fue designado para entender en la causa por la propia Corte Suprema de Justicia, que por una recusación anterior ya había confirmado al magistrado y su colega Marta Acosta para revisar el expediente.
La causa fue beneficiada con una prórroga extraordinaria para presentar el requerimiento conclusivo y eso fue decisión de los camaristas Efrén Giménez, Graciela Ortiz y Juliana Giménez. La fecha para ese procedimiento vence hoy.
