La Cámara de Apelaciones, integrada por Juliana Giménez Portillo, Efrén Giménez y Graciela Ortiz, resolvió los puntos de la apelación subsidiaria en el caso que se le sigue al diputado liberal Carlos Portillo, procesado por tráfico de influencias. Ahora, pueden realizarse los puntos de pericia y la audiencia preliminar para definir la suerte del legislador.
Carlos Portillo, diputado liberal.
El expediente estuvo más de un año en el Tribunal de Alzada, debido a una cadena de inhibiciones, pero finalmente ayer se envió al juzgado de garantías n° 5, a cargo de Cinthia María Garcete, quien deberá resolver la fecha para la pericia y la audiencia respectiva. La causa contra el diputado liberal se inició cuando salió a luz la grabación de una conversación con una mujer a quien habría pedido USD 3.000 con la finalidad de “arreglar” un fallo judicial en tribunales del Alto Paraná utilizando sus contactos.
La decisión de los camaristas revocó la resolución del juzgado de garantías y estableció que debe realizarse la pericia de los teléfonos de la denunciante y el parlamentario, desde agosto del 2017 hasta agosto del 2018. Ahora, el expediente está a cargo de la jueza Garcete para fijar la fecha y hora de esos procedimientos.
EL PROCESO
Carlos Portillo fue acusado por la fiscalía anticorrupción representada por la fiscal Liliana Alcaraz, pero al inicio de la imputación el Ministerio Público pidió, como anticipo jurisdiccional de pruebas, la extracción de datos de los celulares de la denunciante y del parlamentario. La magistrada Garcete resolvió favorable esta petición, que no fue cuestionada por las partes y, por lo tanto, quedó firme.
Con posterioridad, la defensa del parlamentario también pidió la pericia informática de ambos teléfonos celulares y establece una fecha determinada que es posterior a la denuncia formulada por la mujer, a quien Portillo habría pedido dinero con el compromiso de obtener un resultado judicial favorable a su pedido, a través del tráfico de influencias.
Este pedido de la defensa de legislador liberal también fue admitido por el juzgado que intimó al Ministerio Público a presentar los puntos de pericia, que luego fueron rechazados bajo el argumento que era genérico, sin individualizar fecha de realización, entre otros cuestionamientos. El Ministerio Público recurrió esto, el juzgado se ratificó y el expediente fue a parar en la Cámara de Apelaciones, donde “durmió el sueño de los justos” por bastante tiempo.
