Javier Zacarías Irún, senador desaforado para algunas de sus causas. Sigue teniendo una justicia complaciente, pese a las numerosas causas en que lo investigan.
Ante la impasible sombra del Poder Judicial, el procesado senador Javier Zacarías Irún y su clan siguen recurriendo a chicanas con las que evitan decisiones sobre medidas cautelares solicitadas por los fiscales que los investigan por vaciamiento de las arcas municipales de Ciudad del Este y uso del dinero público para beneficios personales. Un último acto de los agentes fiscales Josefina Aghemo y Luis Said, de la unidad especializada anticorrupción del Ministerio Público, fue la acusación en el marco de la causa que investigó hechos de lesión de confianza y declaración falsa, cuando los investigadores fueron recusados sin más trámite y evitaron de ese modo, que el juzgado de garantías fije fecha para audiencia preliminar.
La defensa técnica de los Zacarías también recusó a los fiscales Sussy Riquelme y Claudelina Corvalán, quienes igualmente tienen causas abiertas en contra del denominad “clan” que se apoderó dolosamente de la cosa pública. Los procesados siguen con sus actividades normales, nada menos que en el Parlamento, donde asquerosamente proponen actos contra la actual administración municipal, al punto de que la Comisión Permanente del Congreso resolvió no hace lugar a un pedido de informes al intendente Miguel Prieto, olvidando la proponente Rocío Abed que toda su parentela esta investigada por graves hechos de corrupción.
La Fiscalía había pedido la prisión preventiva de Javier Zacarías por su inminente intervención para obstruir la investigación, pero la jueza Cinthia Garcete le denegó el pedido y lo benefició con medidas menos gravosas. El desaforado senador había ordenado a su bufón Juan Sanabria, que destruya evidencias relacionadas al caso Frontera Producciones, donde se despilfarró miles de millones de guaraníes del presupuesto municipal para sus campañas políticas que los llevó a los curules parlamentarios que hoy ocupan.
El clan soporta otros procesos penales por declaración falsa, enriquecimiento ilícito, lesión de confianza y otros hechos contra el patrimonio. En todos los casos, los políticos revestidos de fueros, en algunos casos, siguen burlándose de la justicia con la complicidad del Poder Judicial, donde también siguen teniendo a sus “hombres” de confianza y desde la Fiscalía General, donde se le atribuye el nombramiento de Sandra Quiñónez al frente de la institución que debe representar por ley de la nación a las víctimas de hechos punibles, pero ni se inmutan cuando se trata de los integrantes del criminal clan.
