Que locuras de Payo sirvan para alertar sobre incesante deforestación

Si bien nadie cuerdo puede estar de acuerdo con los métodos violentos y xenófobos del exsenador Paraguayo Cubas, expulsado la semana pasada del Congreso Nacional, el trasfondo de la cuestión, la deforestación masiva de nuestros bosques, es un tema que merece importancia y tratamiento urgente. Efectivamente, frenar la destrucción de los bosques debe ser una causa de todos los paraguayos, sin distinción de partidos políticos, ideología o religión. Están en juego los últimos retazos de lo que alguna vez fue una amplia región boscosa en el continente. La pérdida definitiva e irreversible de esta riqueza supondrá un deterioro acelerado del medio ambiente, con cambios en el clima, desaparición de fuentes de agua, erosión de los suelos y empeoramiento de las condiciones de vida de la población.

Independientemente de lo que digan el INFONA o los fiscales del Medio Ambiente, la SEAM o cuanto otro organismo pudiera estar involucrado en el tema, es realmente alarmante la rapidez con que el país está perdiendo lo poco que resta ya de los bosques de la Región Oriental. Esto ocurre ante la pasividad absoluta de las autoridades y pese a la vigencia de la Ley de Deforestación Cero. La tala de bosques no es precisamente un crimen que pueda ocultarse. Solo puede ser perpetrado a la vista de todos, es inevitable. Por esta razón es aún más imperdonable la desidia de las autoridades, especialmente las locales, que muestran un comportamiento complaciente o directamente cómplice con quienes depredan el patrimonio natural de nuestra nación.

Los tres poderes del Estado deben abordar con urgencia este problema, en forma coordinada y con la mayor energía. Es fundamental revisar la legislación vigente sobre el tema, especialmente en lo que hace a las penas para los infractores. Con frecuencia, los destructores de los bosques deben pagar una multa que resulta insignificante delante de los beneficios obtenidos con su crimen. Para frenar efectivamente la deforestación es indispensable la aplicación de castigos ejemplares que en verdad desalienten a quienes pretendan echar abajo montes para beneficio personal.

En el campo del Ministerio Público, se deben emprender acciones decididas para que actitudes negligentes o venales de ciertos agentes fiscales sean investigadas con toda seriedad y castigadas con las máximas sanciones que prevén la ley, pues si aquellos mismos quienes deben velar por el cumplimiento de las leyes que protegen a la madre naturaleza, deciden “transar” con los deforestadores, esta guerra ya estará perdida de antemano.

Por su lado, el Poder Ejecutivo debe hacer mayores inversiones en personal y equipo asignados a la protección de las riquezas naturales. Desde el Poder Judicial es crucial agilizar los juicios relacionados a delitos ambientales. La Corte Suprema debería ejercer un control cercano de estos procesos, garantizando la absoluta independencia de los tribunales. Si seguimos a este ritmo, en breve los bosques paraguayos apenas serán un recuerdo. Coincidimos en que a todos nos “suena argel” el griterío desaforado de Payo y su pedido de “matar a cien mil bandeirantes deforestadores”, sin embargo, debemos ser conscientes de que se deben emprender acciones concretas, que sobrepasen el acostumbrado discurso vacío y pasivo de las autoridades, que redunda más bien en complicidad con los taladores.