Sin presión social no se logrará la intervención de la Municipalidad de Minga Guazú, advirtió el concejal Eudes Mereles, quien anunció que el próximo martes presentará ante la Junta Municipal el pedido de intervención. Sin embargo, no se contarían con los siete votos necesarios para requerir la investigación a la gestión de Digno Caballero (ANR). Cuatro de los concejales liberales responden al jefe comunal. Hace casi dos meses se pidió informes a Caballero sobre una serie de sospechas de graves irregularidades en su administración, pero no respondió a las solicitudes.
El intendente Digno Caballero sigue sin responder a pedidos de informes.
Ayer se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Junta Municipal, donde de nuevo los concejales informaron que Digno Caballero no remitió los informes requeridos por el legislativo, lo que es causal de pedido de intervención. El 29 de setiembre vence para el jefe comunal el plazo para la presentación de los documentos. Ante esta situación, los ediles opositores ya anuncian que presentarán un pedido de investigación contra Caballero, quien administra la Municipalidad hace casi diez años.
En tanto, se duda de que se pueda contar con los votos necesarios para aprobar el pedido de intervención, admitió el concejal Mereles. Los demás concejales que forman parte de la bancada opositora son solamente tres: Edgar Franco (ANR), Proto Meza (ANR) y Óscar Romero Roa (ANR).
Mereles apuntó que es necesaria la presión social para el cambio de postura de los concejales liberales oficialistas: Zonia Alfonzo (PLRA), Luan Carlos Friedeling (PLRA), Blas Báez (PLRA) y Arnaldo Ramón Báez (PLRA). Estos concejales siempre han aprobado las decisiones del intendente y jamás intentaron hacer oposición al jefe comunal ni cumplir con su papel de contralores de la ciudadanía. Mereles indicó que esta situación podría cambiar si la población exigiera la investigación a los ediles, y así se logre los siete votos necesarios para darse la aprobación por parte de la Junta Municipal.
Por otro lado, los concejales colorados oficialistas son: Lucas Caballero (hermano del intendente), Artemio Báez, Roberto Alderete, y Laura Barreto.
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
Existen serias sospechas de irregularidades cometidas por Caballero. Entre ellas, la entrega de subsidios a 15 operadores políticos con recursos del Fonacide, que solo deben ser destinados a obras, sobre lo que también se solicitó informes al intendente, pero no hubo respuestas. Igualmente, se requirió conocer el criterio para la entrega de becas y ayuda social, los beneficiados, monto y documentos respaldatorios. Asimismo, se pidió al intendente documentos sobre el funcionamiento de la escuela de Artes y Oficios, funcionarios, disponibilidad presupuestaria, entre otros. También se exigió al intendente que explique sobre la contratación directa a numerosas empresas que estarían ligadas al ejecutivo municipal.
Entre otras de las sospechas de irregularidades está el pago de liquidación de unos G. 34 millones a la cuñada de Caballero, Elizabeth Vargas, hermana de la diputada Blanca Vargas de Caballero. La beneficiada con los millones se desempeñaba como directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC). Esto pese a que la ley prohíbe el pago de indemnizaciones a funcionarios de confianza.
