Abogados de la familia de Evans Esperanza Caballero, la joven de 25 años, que murió por negligencia médica el 31 de marzo de 2017, emplazaron a la fiscal Carolina Rosa Gadea para que proceda a la imputación de los médicos Juan José Viveros Insfrán, Hernán Martínez, Tomás Ramos; de la Lic. Dalila Benítez, así como de la entidad jurídica denominada Biomedic S.A., representada por el Dr. Primo Antonio Alderete, Gladys Andresa Zaracho de Ruiz y Gabriela Karen Chialvo de Galeano, por los hechos punibles de homicidio doloso, homicidio culposo, lesión grave con derivación fatal, omisión de auxilio, hechos punibles contra la prueba documental y asociación criminal, establecidos en el Código Penal.
Sanatorio Le Blanc, donde se produjo la muerte de una joven.
Los abogados solicitan que se aplique la medida cautelar de prisión preventiva con relación al Dr. Juan José Viveros y los otros médicos y también para los dueños del sanatorio Le Blanc, estos últimos, en razón de haber autorizado la realización de intervenciones quirúrgicas y atención a pacientes delicados, cuando que el centro médico no estaba habilitado por el Ministerio de Salud, es decir, era un sanatorio clandestino o “mau” en ese momento.
Solicitan que la imputación sea realizada conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 302 del Código de Procedimientos Penales, luego de que el Tribunal de Apelaciones anulara el anticipo jurisdiccional de pruebas de una junta médica instalada a la medida de los médicos denunciados para intentar blanquear a los mismos, atendiendo los términos del A.I. nº 155, de fecha 12 de septiembre de 2019, dictada por el Tribunal de Apelaciones, sala penal, de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná.
El examen médico forense realizado al cuerpo de la joven Evans Caballero confirmó categóricamente la negligencia médica que derivó en su muerte. La misma fue dada de alta luego de presentar fiebre con tiempo insuficiente de control pos operatorio; a lo cual se suma, que en el primer reingreso a Le Blanc también volvió a ser dada de alta con medicación vía oral, siendo que debía ser medicada por intravenosa, ya que presentaba cuadro de vómitos y diarrea. En el tercer reingreso al hospital la evolución de la infección fue muy rápida y los profesionales tratantes no instalaron las medidas a tiempo, lo cual terminó con la muerte de la joven.
En caso de que Gadea siga intentando detener el procedimiento, los querellantes señalaron que pedirán al JEM el procesamiento de la fiscal, que ya fue advertida por el Tribunal de Apelaciones por atajar dos años la investigación.
