El intendente de Minga Guazú, Digno Caballero Ruiz, habría otorgado subsidios a operadores políticos y personas de escasos recursos con dinero del Fonacide. Unas 15 personas fueron beneficiadas con G. 20.510.000, a través de una ordenanza inexistente, la 178/2018. A su vez, el jefe comunal sigue sin responder a los pedidos de informes efectuados por la Junta Municipal ante las sospechas de irregularidades. Los opositores anuncian que el 1 de octubre solicitarán la intervención de la Municipalidad.
Lista de beneficiados con el subsidio otorgado por Caballero.
El concejal Eudes Mereles (ANR) explicó que unos 15 operadores políticos y personas de escasos recursos recibieron un desembolso de dinero en concepto de subsidio, en base a una ampliación presupuestaria hecha a través de una ordenanza que no fue dictada, es decir, la 178/18.
Explicó que la existe es la ordenanza 178/2019, por la que se amplía el presupuesto de gastos para el rubro de Fonacide, que solo puede ser utilizado para gastos de inversión. Mereles afirmó que lo más probable es que se haya otorgado la suma de más de G. 20 millones del recurso que debe ser destinado a educación. Sobre esto se solicitó informes al intendente Caballero para que este explique el criterio que tuvo en cuenta para otorgar el dinero y las documentaciones exigidas a las 15 personas favorecidas con el subsidio.
El 29 de agosto, la Junta Municipal había dado una prórroga al jefe comunal, otorgándole más 30 días de tiempo para que responda a una serie de pedidos de informes, ya que el ejecutivo argumentó que se encontraba en la tarea de preparación del informe cuatrimestral. Sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna respuesta por parte de Caballero Ruiz. El plazo ampliado vence este 29 de setiembre.
Mereles adelantó que si el intendente sigue sin proveer información, el pedido de intervención se presentará ante la Junta Municipal el 1 de octubre.
PIDEN SABER
Se pidió informes a Caballero sobre los G. 34 millones otorgados como liquidación a la hermana de la diputada Blanca Vargas de Caballero, Elizabeth Vargas de Rojas, quien fungía de directora de la Unidad Operativa de Contrataciones, pese a que el artículo 8 de la ley 1626 de la función pública prohíbe este beneficio para funcionarios con cargos de confianza.
También se requirió al intendente conocer detalles del funcionamiento de la Escuela de Artes y Oficios, como nómina de funcionarios, cargos de los mismos, planilla de asistencia de instructores, gasto mensual, entre otros. Igualmente, se solicitó el estado financiero de la Municipalidad y los extractos bancarios.
Pidieron además detalles sobre las empresas que fueron beneficiadas con adjudicaciones directas desde marzo de este año. Muchas de ellas tendrían relación con el jefe comunal, por lo que se requiere conocer quiénes están detrás de dichas firmas.
El requerimiento consiste en que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) remita documentaciones de las empresas Megaroonm, de Mirtha Wottric Cañiza; Po Kuarahy Rese S.A., Bramante S.A., Noreste S.A., Empresa de Transporte y Turismo S.A., Agro Minga y JDP.
