En la unidad del fiscal Alfredo Acosta Heyn de Hernandarias, radica la denuncia formulada ayer por Domingo Diosnel Penayo con patrocinio de abogado, contra el juez del fuero civil y comercial Aníbal David Duarte Céspedes, a quien sindica como responsable de prevaricato, con copias al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Es dentro del expediente caratulado “Domingo Diosnel Penayo Vaida contra Jorge Luis Rodríguez Brozón sobre desalojo con condena futura, donde el denunciado ha actuado como juez interino, ante la ausencia del titular de la causa.
Aníbal Duarte, juez civil de Hernandarias. Fue denunciado ante la Fiscalía, el JEM y la Corte.
El denunciante sostiene que el juez no se equivocó, el juez falló en contra de la ley sabiendo que estaba actuando indebidamente y fuera de su competencia. Alega que “los plazos establecidos en la ley se cumplieron en demasía y el magistrado denunciado no tenía otra atribución que cumplirla, librando el mandamiento de desahucio inmediatamente, so pena de que su actuación fuera de su competencia, convierta la sentencia dictada en el juicio en las tres instancias en una declaración ilusoria y sin sentido, ya que el derecho establecido en ellano está siendo efectiva y realizable”.
En el extenso escrito afirma que la conducta del juez es dolosa y se subsume en el tipo penal de prevaricato, ya que la doctrina indica que en el mismo exista una discrepancia entre el derecho que el juez conoce y el derecho que el juez aplica, hecho que se da claramente. Agrega que Duarte actuó favoreciendo ilícitamente al demandado con la dilación del cumplimiento de la sentencia, obró fuera de su competencia realizando actos que no están permitidos por ley y omitió cumplir con su obligación legal. Penayo Vaidapresentó como pruebas 10 evidencias dentro del proceso de marras y requirió al fiscal Acosta Heyn una serie de diligencias con las que se demostrará la autoría del juez denunciado por prevaricato.
El juicio que origina esta denuncia penal en el Ministerio Público concluyó debidamente, ya que cuenta con sentencias en las tres instancias, pero injerencias políticas hicieron que el juez se comprometa en prevaricato, dice el escrito.
