La seguidilla de manifestaciones, actos de protesta y cierres de la ruta internacional son reiterativos en Ciudad del Este, hasta por cuestiones que nada tienen que ver con el paso fronterizo. Un acuerdo firmado entre el intendente Miguel Prieto y los empresarios resolvió que las movilizaciones ya no llegarían a ese sector de la ciudad, pero el documento es letra muerta y no hay señales que sea convertido en ordenanza en la Junta Municipal.
Las protestas de todos los sectores se centralizan en el microcentro. Los policías retirados no fueron la excepción esta semana.
Los paseros, movimientos políticos y hasta policías jubilados se manifiestan bloqueando la ruta internacional a la salida de la Aduana. Son hechos recurrentes en los últimos tiempos que solo suman elementos negativos a la crisis que atraviesa el comercio en el microcentro.
La queja es generalizada, mesiteros, taxistas, casilleros, ambulantes, comerciantes y empresarios, que insisten que cualquier movilización en la zona comercial de la ciudad afecta a la actividad normal de lo que es la principal fuente de generación de ingresos para los trabajadores de la ciudad. Mauricio Benítez, vendedor de electrónicos de una tienda cercana a la zona primaria, indicó que cuando hay manifestaciones deben cerrar el negocio por seguridad y que además los días no trabajados se les descuenta de la remuneración mensual.
“No entiendo porqué siempre vienen al centro, donde ahuyentan a los turistas. Apenas escuchan que se explotan petardos, prefieren volver a Foz de Yguazú o quedarse en sus hoteles. Nadie viene al centro cuando hay manifestación y en este tiempo ya es prácticamente cada semana. No sé cómo es que no dimensionan el perjuicio que ocasionan a la ciudad”, lamentó Marcela Acuña, una comerciante vendedora de carteras en el microcentro.
Los policías retirados que fueron hasta las inmediaciones de la Aduana y cerraron el paso fronterizo, aunque en una manifestación relativamente tranquila, fueron muy criticados por los trabajadores del sector, pues el pedido de ellos (la salida del ministro del Interior) no tiene directa relación con la actividad comercial en el microcentro esteño, además consideraron que cerrando una vía internacional no conseguirán su objetivo ni forzarán decisiones al Poder Ejecutivo.
CUANTIOSAS PÉRDIDAS
Ya la semana pasada, la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este informó que en cada manifestación violenta, como la del martes de la semana pasada, la actividad comercial, de servicios, hotelería, gastronomía, transportes y otros, tiene una sensible pérdida que orilla los USD 20 millones. Esta cuestión ya fue expresada en manifiestos, comunicados y notas a los estamentos gubernamentales, pero no hay acciones definidas al respecto.
Desde la Cámara de Comercio indicaron que pueden existir argumentos válidos en la medida de fuerza, pero se debe entender que la Carta Magna establece que ninguna manifestación puede bloquear puentes, vías férreas, rutas o caminos públicos.
En ese sentido, la asesora del gremio, Natalia Ramírez Chang, expresó que el bloqueo del Puente de la Amistad, que fue reiterativo en los últimos tiempos, se plantea como algo normal y válido, pero no es así. Consideró que el cierre de una vía internacional, por breves minutos o varias horas, sea pacífico o no, afecta enormemente al comercio y al turismo de Ciudad del Este.
LETRA MUERTA
En agosto último, el intendente Miguel Prieto firmó un acuerdo con varios gremios del sector comercial y empresarial de la ciudad, en el que resolvieron que respetarán el libre tránsito, tanto en la cabecera del Puente de la Amistad, como en la ruta internacional, así como las arterias del microcentro, por considerar que es lesiva a los derechos de terceros, y a todos los que directa o indirectamente dependen de ello: taxistas, mototaxistas, vendedores casilleros y comerciantes.
El documento fue llevado a la Junta Municipal para que sea convertido en ordenanza municipal, pero no se respetó que las movilizaciones deban hacerse sobre la avenida Pioneros del Este, hasta las inmediaciones de la ex rotonda Oasis. El jefe comunal fue denunciado por los hechos punibles de simulación de hecho punible, persecución de inocente y asociación criminal, luego de rubricar el acuerdo.
