El joven Rodrigo Fernando Florentín Dávalos, de 20 años, involucrado en el asesinato de su padrastro y el hermano de este, debe obtener su libertad manifestaron sus familiares y defensores. De acuerdo con el análisis exhaustivo de cómo ocurrió el hecho, prácticamente no hay dudas que actuó para defenderse, además de salvar la vida de su madre, expresaron sus abogados, al tiempo de señalar que el juez y fiscal que entienden en la causa actúan con mucha parcialidad en su intento de incriminar al autor confeso.
Rodrigo Fernando Florentín está recluido en la penitenciaría regional de Ciudad del Este, tras haberse puesto a disposición de la justicia.
De acuerdo con los datos, los familiares de las víctimas fatales meramente estarían actuando motivados por intereses económicos, razón por la cual se empecinan en presionar por mantener privado de su libertad al joven para tener esta situación como “moneda de cambio” y forzar así que los bienes sean todos transferidos a los parientes de los fallecidos.
Rodrigo Florentín es autor confeso del asesinato de su padrastro Osvaldo González Duarte, de 39 años, y al hermano de este, Nelson Rafael González Duarte, de 36. El joven había manifestado que actuó en legítima defensa, ya que fue amenazado de muerte por las víctimas en el momento del crimen, versión corroborada también por su madre, víctima de violencia doméstica durante años de parte de Osvaldo González.
La defensa solicitó en dos oportunidades la libertad de Rodrigo, vía revocatoria, la primera, y la segunda la prisión domiciliaria por sustitutiva, ofreciendo cauciones suficientes para asegurar la sujeción del mismo al proceso. Sin embargo, con una total falta de objetividad, el fiscal interviniente, al igual que el Juzgado persisten en mantener privado de su libertad al joven, quien no posee antecedentes penales ni policiales, además actuó en defensa de su vida y la de su madre, pues no hay duda alguna que ambos agresores estaban armados y que, incluso, uno de ellos disparó contra él.
El fiscal Alfredo Acosta Heyn no ha sido objetivo al analizar el caso, pues de actuar conforme a le ley, el mismo debió informar al Juzgado sobre el resultado de los actos de investigación que dan cuenta que el victimario actuó en defensa de su vida y la de su madre, Dominga Dávalos. Sin embargo, aparentemente bajo presión de terceros, ha denegado pruebas fundamentales a la defensa. El representante público, en una actitud inusual, permitió que Dominga sea despojada de numerosos objetos de su propiedad, de considerable valor, siendo entregados a los familiares de las víctimas, tanto llaves de la casa y negocio, como joyas y relojes. No se hizo ningún inventario de los mismos, ni siquiera muestras fotográficas, tanto es así que luego el abogado Carlos González, hermano de las víctimas y querellante, devolvió baratijas, señalaron los denunciantes.
El juez Rojas se vio obligado a inhibirse tras ser anulado el fallo que rechaza el pedido de medidas sustitutivas de la defensa de Rodrigo Florentín, quedando el expediente a cago del juez en lo civil del primer turno de Hernandarias, Roberto Macoritto, quien deberá decidir sobre el arresto domiciliario del imputado, pues, tras la modificación del Art. 245 del C.P.P., es posible la aplicación de medidas menos gravosas, siempre que el peligro de fuga pueda ser evitado.
La defensa ha formulado una recusación en contra del fiscal Acosta Heyn, alegando graves irregularidades y que ha violentado en forma constante y perversa el principio de objetividad que debe regir sus actuaciones.
La recusación fue presentada ante el fiscal adjunto del área penal, advirtiendo además que será denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño de sus funciones a más de otras causales graves.
