Familiares y representantes legales del joven Rodrigo Fernando Florentín Dávalos (20), imputado por doble asesinato (su padrastro y un hermano de éste) ocurrido el 6 de marzo pasado, en una casa ubicada en el Paraná Country Club de Hernandarias, piden la libertad del mismo y cuestionan al juez y fiscal de la causa, por actuar con presunta parcialidad. La defensa del joven, recluido actualmente en la cárcel regional de CDE, sostiene además que familiares de las víctimas fatales meramente están motivados por intereses económicos, razón por la cual se empecinan en presionar por mantener privado de su libertad al joven, para tener esta situación como “moneda de cambio” y forzar así que los bienes sean todos transferidos a familiares de los fallecidos.
Cabe recordar que el joven es autor confeso del asesinato de su padrastro Osvaldo González Duarte (39) y al hermano de éste Nelson Rafael González Duarte (36). Según manifestó Rodrigo, actuó en legítima defensa, ya que fue amenazado de muerte por las víctimas en el momento del crimen, versión corroborada también por su madre, víctima de violencia doméstica durante años de parte de Osvaldo González.
La defensa ha solicitado en dos oportunidades la libertad de Rodrigo, vía revocatoria la primera y la segunda la prisión domiciliaria por sustitutiva, ofreciendo cauciones suficientes para asegurar la sujeción del mismo al proceso. Sin embargo, con una total falta de objetividad el fiscal interviniente, al igual que el Juzgado, persisten en mantener privado de su libertad al joven, quien no posee antecedentes penales ni policiales, además actuó en defensa de su vida y la de su madre, pues no hay duda alguna que ambos agresores estaban armados y que incluso uno de ellos disparó contra Rodrigo.
El Fiscal Alfredo Acosta Heyn no ha sido objetivo, pues de actuar conforme a le ley, el mismo debió informar al Juzgado sobre el resultado de los actos de investigación que dan cuenta que Rodrigo actuó en defensa de su vida y la de su madre Dominga Dávalos. Sin embargo, aparentemente bajo presión de terceros, ha denegado incluso pruebas fundamentales a la defensa,ademas el fiscal, en una actitud inusual, permitió que Dominga sea despojada de numerosos objetos de su propiedad, de considerable valor, siendo entregados a los familiares de la víctima tanto llaves de la casa y negocio, como joyas y relojes. No se hizo ningún inventario de los mismos, ni siquiera muestras fotográficas, tal es así que luego el abogado Carlos González, hermano de las víctimas y abogado querellante, meramente devolvió baratijas, señalaron los denunciantes.
El juez Rojas se vio obligado a inhibirse tras ser anulado el fallo que rechaza el pedido de medidas sustitutivas de la defensa de Rodrigo Florentín, interviniendo actualmente el Juez en lo Civil del Primer turno de Hernandarias Roberto Macoritto, quien debe decidir sobre el arresto domiciliario del imputado, pues tras la modificación del Art. 245 del C.P.P., es posible la aplicación de medidas menos gravosas, siempre que el peligro de fuga pueda ser evitado.
La defensa ha formulado una recusación en contra del fiscal intervente Alfredo Acosta Heyn alegando graves irregularidades y que ha violentado en forma constante y perversa el principio de objetividad que debe regir sus actuaciones.
La recusación fue presentada ante el Fiscal Adjunto del Área Penal advirtiendo además que será denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño de sus funciones a más de otras causales graves.
