Piden aclarar si “blanqueo” por enriquecimiento ilícito también afecta a Sandra y “Lucho” Zacarías

Los abogados Yolanda Paredes y Nicolás Russo presentaron ayer un recurso de aclaratoria ante el Tribunal de Apelaciones y pretenden conocer si el “blanqueo” del senador Javier Zacarías Irún también alcanza a su esposa, Sandra McLeod. Para rechazar la reapertura de la causa por enriquecimiento ilícito, los jueces argumentaron que el legislador esteño ya no era funcionario público cuando se registró el escandaloso incremento de su fortuna, puesto que en el 2007 este dejó de ser intendente. Sin embargo, McLeod sí desempeñaba una función pública como intendente hasta el 2018.

La abogada Paredes explicó que el Tribunal de Apelaciones debe aclarar si su decisión de “blanqueo” a Javier Zacarías, que se dio a conocer recientemente, afecta a su esposa, Sandra McLeod, en la denuncia por enriquecimiento ilícito. Además del actual senador, también fueron denunciados McLeod, Justo “Lucho” Zacarías y la esposa de este último, Rocío Abed de Zacarías.

“No hay excusas, Sandra Zacarías sí recibió dinero público durante ocho años y debe rendir cuentas, así como su familia, incluyendo a su cónyuge Javier Zacarías, pues así establece el  Art. 3 de la Ley 2523/2004, que regula el enriquecimiento ilícito”, expresó en su cuenta de red social.

En el escrito presentado ante el Tribunal de Apelaciones, los abogados requirentes afirman que Justo Zacarías sí era funcionario, al igual que McLeod y Rocío Abed.

Sobre Abed, el documento presentado afirma que esta era funcionaria de la INTN, con un salario de G. 7.600.000 y que luego depositó unos G. 1.000 millones para la creación de la empresa Gaia S.A. Una de las socias de esta empresa fue beneficiada con millonarios contratos en la Gobernación del Alto Paraná durante la administración del actual diputado, “Lucho” Zacarías.

El 28 de agosto último, el Tribunal de Alzada, integrado por Isidro González, Miryan Meza de López y Stela Maris Zárate, rechazó un recurso de la Fiscalía y confirmó la resolución del juez Marino Méndez, ligado al clan Zacarías, que ordenaba el archivamiento de la investigación contra el senador.

El magistrado González argumentó que Zacarías ya no era funcionario cuando se registró el incremento de su patrimonio, sin embargo, este se desempeñaba como “asesor ad honorem”, lo que es cuestionado por la ciudadanía.

Según las investigaciones, entre el 2013 y 2015, el patrimonio del ahora senador, y quien fuera intendente de Ciudad del Este hasta el año 2007, se incrementó de forma abismal. El mismo asumió su banca en el Senado recién en el año 2018. Zacarías estuvo detrás de gestiones importantes, como la contratación por miles de millones de una empresa de publicidad y propaganda, que resultó ser de maletín, y manejada por funcionarios municipales.