Los vándalos y agitadores sociales siguen en actitud belicosa ante la desidia policial. Ayer, representantes de la empresa Locadora Atlantic S.A. denunciaron que no pudieron ingresar a su propiedad para levantar una nueva muralla perimetral, porque los agentes de la comisaría del barrio Pablo Rojas no dieron apoyo a los efectivos que están haciendo el resguardo del inmueble, por lo que no había garantías para realizar los trabajos. En tanto, los principales instigadores de la invasión están plenamente identificados y tienen varias causas pendientes en la justicia.
La reducida cantidad de policías hizo que no haya garantías para que se pueda reconstruir la muralla perimetral, destruida por los invasores vándalos.
Fuentes judiciales estiman que unas 50 invasiones de tierra están en pleno desarrollo en el Alto Paraná. Una de las situaciones más graves se registra en el casco urbano de Ciudad del Este, iniciado con la invasión de una propiedad de la familia Stroessner, en la divisoria entre la capital departamental y Hernandarias, en las cercanías del río Acaray.
En el lugar, otro grupo de invasores aprovechó la situación para invadir una propiedad de la firma Locadora Atlantic S.A. que posee un inmueble de cinco hectáreas en el barrio Pablo Rojas, bordeando el río Acaray, supercarretera en la divisa entre Ciudad del Este y Hernandarias.
Los invasores destruyeron la muralla perimetral y quemaron cultivos de mandioca y pastura del casero de la propiedad. La semana pasada se logró la restitución del inmueble, sin embargo, el sábado último los invasores volvieron nuevamente a colocarse en los bordes del predio, instalando precarias carpas y no permitiendo el ingreso a los legítimos propietarios y sus empleados.
Ayer, funcionarios de la empresa pretendían ingresar para reconstruir la muralla perimetral destruida por los vándalos y agitadores sociales, sin embargo, los agentes que custodian la propiedad no recibieron apoyo de los efectivos de la comisaría 4ª del barrio Pablo Rojas, motivo por el cual no había garantías suficientes para que se realicen trabajos en el lugar, ya que los invasores siguen en actitud belicosa y haciendo amenazas de todo tipo. Esta situación fue repudiada por los representantes legales de Locadora Atlantic S.A., quienes se preguntaron cuándo la Policía y la Justicia actuarán con mano firme y harán cumplir la ley para resguardar el derecho a la propiedad privada. Recordaron en ese sentido la existencia de un acuerdo interinstitucional entre la Fiscalía y Policía, aprobado en marzo del 2017, para casos de hechos punibles de invasión de inmuebles. Dicho plan establece plazos bien delimitados y urgentes para que el Ministerio Públco compruebe la existencia del hecho punible y la constitución en el inmueble para los trámites pertinentes. Todo el proceso de desalojo, según este acuerdo interinstitucional, no debe durar más de una semana, sin embargo, en la actualidad, las autoridades hacen caso omiso y que tardan semanas y hasta meses para proceder.
VARIAS CAUSAS EN LA JUSTICIA
Como principales organizadores de la invasión están identificados Mauricio Cabrera Benítez y su esposa Pablina Torales de Cabrera, imputados por el Ministerio Público en la causa “Mauricio Cabrera Benítez y otros s/desacato a la orden judicial Ley n° 4711/12. También los hijos mayores de la pareja, Patricia, Eladio y Martín Cabrera Torales, además de Lorenza Ramírez de Larramendia, forman parte del “equipo” de invasores.
Como “asesor jurídico” funge el cuestionado abogado José Gil López, con innumerables antecedentes por apoyar y alentar invasiones de tierras. El mismo incluso ya fue detenido durante un desalojo, además de haber sido escrachado en más de una oportunidad por engañar y cobrarles pequeñas sumas de dinero a personas humildes, a quienes embauca con falsas promesas.
