Un asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS), identificado como Lorenzo Santa María Melgarejo, presentó ayer en tribunales un recurso de amparo constitucional, solicitando que la previsional provea un medicamento que, según respuesta de la institución, no es parte de su vademécum. Los dos pacientes cuentan con 12 y 14 años, respectivamente, y padecen el mal conocido como “fibrosis quística”, que consiste en una mutación denominada que afecta el sistema respiratorio y solamente puede ser tratado con el medicamento IVACAFTOR 150mg, que tiene un costo aproximado de G. 35.000.000 por unidad y sirve para un mes, conforme el escrito.
El padre expresa en la presentación que la dolencia afecta el hígado y el páncreas, que se caracteriza por presentar “insuficiencia pancreática exocrina con déficit de enzima en dicha glándula y colonización bacteriana crónica de la vía aérea dando como resultado, recaídas frecuentes e infección pulmonar e infección pulmonar crónica”. El medicamento debe ser administrado cada 12 horas por vía oral y es considerado imprescindible e irreemplazable para el tratamiento de la fibrosis quística, de por vida.
Añade el escrito, que desde el IPS, le informan oficialmente que no pueden proveerle el medicamento porque el mismo no tiene registro sanitario ni empresa proveedora, sugiriéndole que “deje morir a sus hijos, ya que ellos no los pueden salvar”. El amparo constitucional fue presentado ayer y sorteado de inmediato, recayendo su diligenciamiento en el juzgado del magistrado Marino Méndez, quien “cobardemente se negó a entender en la cuestión, ya que no es un caso que afecta a los Zacarías”, dijo la abogada Mirna Vázquez, patrocinante del afectado. En su petitorio principal, el recurso pide dictar medida de carácter urgentísimo, librando oficio al Ministerio de Salud y al Instituto de Previsión Social para que los mismos provean sin más trámites el medicamento IVACAFTOR 150 a los pacientes menores de edad, que recurrieron a la justicia para el efecto.
Los dos están actualmente internados en el IPS Central, en la capital del país, según las constancias presentadas para su análisis por parte del juzgador que pase a entender en la cuestión de fondo. Al concluir la jornada se pudo saber que se realizó un nuevo sorteo y el caso quedó a cargo de la jueza de garantías Nilda Estela Cáceres, quien deberá dictar resolución en un plazo de 24 horas, que se completará esta mañana, según los cómputos.