El juzgado penal de garantías de Presidente Franco admitió la reapertura del proceso que involucra a la concejal municipal Bartola Fernández, acusada de nepotismo y tráfico de influencias. De esta manera, la edil, quien sugestivamente había logrado el sobreseimiento provisional en la causa, deberá nuevamente afrontar la acusación y se expone incluso a una condena carcelaria. De acuerdo con los datos, los familiares de Fernández ya se embolsaron unos G. 1.500 millones en concepto de salarios, recibidos de la comuna fraqueña.
El ciudadano Alcides Giménez Rodas solicitó a la jueza penal de garantías Carina Frutos la reapertura de la causa caratulada: “Ministerio Público s/ supuesto hecho punible contra la Ley 5259/14 que prohíbe el nepotismo en la función pública”. La agente fiscal Cinthia Leiva se allanó al pedido, al igual que la magistrada, reabriéndose de esta manera el proceso, en cuyo marco la concejal municipal Bartola Fernández había logrado sobreseimiento provisional. La representante del Ministerio Público deberá presentar al juzgado el requerimiento conclusivo el 12 de febrero del 2020, cuando se decidirá si la causa va o no a juicio oral y público.
El año pasado, la dirigente social devenida a concejal estuvo a un paso del banquillo de los acusados por los hechos punibles que supuestamente cometió, valiéndose de su cargo de edil. Sin embargo, finalmente logró el sobreseimiento provisional y se salvó de ir a juicio oral y público, presuntamente por negligencia de la Fiscalía, en aquel entonces.
Recordemos que Fernández estuvo procesada por nepotismo y tráfico de influencias, imputación que fue presentada por el anterior fiscal zonal de Presidente Franco, Edgar Torales, quien había alegado que tenía suficientes elementos para llevar a la imputada a un debate público para determinar su culpabilidad o inocencia. La edil había admitido públicamente haber colocado a sus parientes en la institución comunal, a cargo de su aliado político, el liberal Roque Godoy. Ante esto, Alcides Giménez había presentado una denuncia en su contra, hecho que determinó la imputación.
De acuerdo con el acta de imputación, basada al informe emitido por la intendencia municipal y la presidencia de la Junta Municipal franqueña, Bartola cuenta con cuatro allegados en la institución. En la nómina del funcionariado de la Municipalidad de Presidente Franco aparecen los familiares directos de la concejal, Ana Laura Martínez Fernández, Marcelo Manuel Martínez Fernández, José Augusto Fernández y María Antonia Álvarez Fernández. De acuerdo a los datos, los familiares de Bartola Fernández ya se embolsaron unos G. 1.500 millones en concepto de sueldos de la administración municipal franqueña. Pero además de la lista de sus parientes, la edil habría colocado a varios de sus seguidores en la planilla de funcionarios de la comuna, gracias a su cercanía con el ejecutivo municipal.
PIDE MÁS DILIGENCIAS
Giménez alegó en su fundamentación que hay varias diligencias investigativas pendientes de realizarse en el proceso, como ser la declaración testimonial del intendente municipal de Presidente Franco, Roque Godoy, la desgrabación de declaraciones de radio que la concejal había hecho en una radioemisora de la zona, entre otros. La fiscal de la causa ahora tiene seis meses para realizar todas las diligencias que crea pertinente y presentar el requerimiento conclusivo. Con esto, la polémica concejal podría finalmente afrontar juicio oral y ser condenada al pago de multa o incluso una pena carcelaria, de acuerdo a lo previsto en la legislación paraguaya.
