Supuesto hecho punible de perturbación de la paz pública es la carátula del expediente que ingresó a la Fiscalía, bajo en número 10.774/19, por el que el presidente de la Circunscripción Judicial, Isidro González Sánchez, denunció a cuatro personas que identificó durante los hechos protagonizados por los autodenominados “escrachadores” en su residencia del barrio Portal del Este, el jueves de la semana pasada.
Señala que unas quince personas lanzaron papel higiénico, aceite de motor y todo tipo de residuos, explosionando potentes petardos que quebrantaron la tranquilidad del vecindario. Responsabiliza de los hechos vandálicos a Valentina Giménez Torres, de 35 años, domiciliada en Presidente Franco; Arturo Páez Barreto, de 41 años, con residencia en el barrio Catedral de Ciudad del Este, con antecedentes por violencia familiar, delito ambiental y incumplimiento del deber legal alimentario; Elvio Barúa Acosta, de 32 años, afincado en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este, con antecedentes por perturbación de la paz pública, con prohibición de salida del país, y María José González. Los citados serían cabecillas del grupo de escrachadores que llegaron frente a la residencia del magistrado a bordo de un automóvil con matrícula brasilera y una camioneta, cuyas características deberán ser develadas durante las investigaciones.
El fiscal Adolfo Santander, asignado para investigar el caso, remitió la carpeta a la fiscalía adjunta del área penal en atención a la resolución número 407, firmada por el adjunto Edgar Moreno, el pasado 7 de los corrientes, por la que conforma un equipo de agentes fiscales para investigar las denuncias por “escraches”. Según el documento, está integrado por los fiscales Juan Manuel Ledesma, Estela Mary Ramírez Medina y Sergio Irán Villalba, aludiendo a unas diez causas que se tramitan en varias unidades fiscales ordinarias de Ciudad del Este.
En su momento, el presidente de la Circunscripción había utilizado fuertes epítetos contra los agentes del Ministerio Público, que no diligencian las denuncias y los desafió a atender su caso puntual. No ahorró calificativos para cuestionar severamente la inacción fiscal que deben defender los derechos de las víctimas de hechos punibles. El adjunto resolverá la petición del fiscal Santander.
