El intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no acudió ayer a su audiencia de conciliación en el marco de la querella criminal planteada por el político Derlis Argüello Da Silva por presuntos hechos de difamación, calumnia e injuria y su representante legal solicitó a la jueza de sentencia, Zunilda Martínez Noguera, eleve la causa a juicio oral y público. El político colorado había entablado su acción luego de que Prieto, lo tratara de mafioso que integraba una organización criminal con pretensiones de hacerlo destituir en base a presuntos hechos de extorsión que el ejecutivo comunal emprendía contra grandes comerciantes de la zona, con la intervención de agentes del Ministerio Público.
Da Silva dijo sentirse agraviado por las afirmaciones del jefe comunal, quien lo señaló con esos apelativos en medios masivos de comunicación, incluso, de la capital del país, que de hecho perjudicaron su imagen, su reputación como comerciante y persona pública. El político estuvo ayer en la oficina de mediación atendiendo la convocatoria previa a la elevación del caso para su discusión en contradictorio público, pero el querellado no asistió ni justificó su ausencia a la audiencia marcada y notificada en su momento.
El abogado querellante, Adolfo Giggilberger, dijo que su cliente no tiene intenciones de conciliar con el intendente Prieto, al tiempo de solicitar que pase a la siguiente instancia para que la jueza Martínez Noguera resuelva la causa en contradictorio público. Da Silva solicito la friolera suma de G. 3.000 millones de guaraníes en concepto de compensación, por los daños que le ocasionó el comportamiento público del intendente Prieto, ya que debió explicar su situación a muchos clientes en su rubro de importador y exportador a gran escala, conforme destacó su representante.
En el trasfondo de la cuestión, el intendente aseguró que Da Silva insistía en reunirse con él a nombre de los gerenciadores de varios shopping cuestionados por la administración municipal. Prieto había asegurado en su momento que fiscales anticorrupción de la capital se encontraban en la ciudad para detenerlo por extorsión y que el intermediario era precisamente su ahora querellante. El intendente había denunciado aquel sonado caso ante la Policía Nacional contra personas innominadas. Hoy se sabrá la fecha en que las partes sean llamadas por el tribunal unipersonal, instancia en la que se dirimirá la cuestión.
