Los principales cómplices de las supuestas multimillonarias evasiones impositivas son los funcionarios de Aduanas que, en lugar de recaudar para el fisco, se confabulan con los importadores y coimean para sí y para la “corona”. Los datos indican que, al ingresar de contrabando los productos importados, los contrabandistas no tributan nada al Estado y al mismo tiempo se fortalece el lavado de dinero. El principal modus operandi de España Informática SA sería no solamente el contubernio con los aduaneros sino también con agentes fiscales y policías de Delitos Económicos.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), según las fuentes, emitió informes al Ministerio Público sobre la existencia de anomalías en el movimiento de la empresa España Informática SA, de Khalil Ahmad Hijazi. Sin embargo, hasta el momento, los representantes de la Fiscalía no se inmutan en abrir investigación alguna, presumiblemente por expresa prohibición de la propia fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien tendría fuerte vinculación con los “empresarios” que operan al margen de la ley y en desmedro del fisco brindando impunidad a grandes evasores.
La semana pasada, un grupo de fiscales de la capital del país realizó 15 allanamientos. El operativo denominado “Llamada” derivó en la incautación de varios elementos probatorios que incriminan a empresarios que operan en el microcentro de Ciudad del Este. Una de las empresas que habría sido utilizada para comercializar aparatos electrónicos ingresados de contrabando es Mobile Zone Internacional Import-Export SRL, cuya propietaria, Liz Paola Doldán, está imputada y con orden de prisión. De acuerdo con los datos proveídos por los fiscales intervinientes, esta empresa ingresó al país mercaderías por casi USD 700 millones en un periodo de cinco años. El mismo esquema sería el utilizado por España Informática SA, pero, llamativamente, hasta hoy ningún representante del Ministerio Público inició investigación alguna contra el potentado empresario árabe que hace décadas opera en el comercio, parcialmente de forma legal, de acuerdo con los datos suministrados por las fuentes.