El chino Lin Tang En, sindicado de explotar fraudulentamente el edificio donde funciona el Shopping Jardín, por intermedio de sus presuntos prestanombres y mediante amañadas resoluciones judiciales, ya habría facturado más de USD 6 millones desde el 2013 en concepto de alquileres de salones, conforme con los datos. Los orientales Chung Chen y Chuan Yuan Hsiao tuvieron activa participación para apoderarse de la enorme estructura edilicia, pues concedieron un poder general al abogado Juan Carlos Duarte, actual asesor jurídico de Yacyretá, pese a que ya no eran accionistas de la firma que explotaba el centro de compras, razón por la que se exponen a una denuncia penal.
Un grupo de orientales que utilizan, supuestamente, a dos paraguayos como prestanombres estarían obteniendo al menos USD 1 millón anuales en concepto de alquileres de salones habilitados en el edificio donde funciona actualmente el Shopping Jardín, anteriormente denominado Shopping Corazón. Desde el 2013, mediante una amañada resolución judicial, los supuestos empresarios paraguayos, Castor Ulises González Giménez y Virgilio Ignacio Blanco Garay, que serían apenas empleados del chino Lin Tang En, explotan el complejo comercial de manera totalmente irregular, a juzgar por los documentos que han presentado para que la justicia actuara barata y prontamente a su favor.
El despojo del enorme edificio, propiedad de Estela Martin But, se dio mediante la intervención de dos abogados con oscuros antecedentes, muy ligados al actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Estos letrados son Juan Carlos Duarte y Rafael Blanco. El primero actualmente funge de asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), de la mano precisamente de Velázquez, mientras que el segundo en su momento fue fiscal, también en la era en que justamente actual vicepresidente pisaba fuerte en el Ministerio Público.
Los actuales administradores del citado shopping estarían pagando millonarias coimas a jueces y fiscales para continuar explotando el edificio que les genera millonarias ganancias mensualmente. Sin embargo, los orientales, al igual que sus presuntos prestanombres, estarían exponiéndose al pago de millonarias indemnizaciones y denuncias penales por haber fraguado varios documentos para lograr su propósito, la explotación comercial del edificio.
