Un contador que habría involucrado a terceros para producir documentos no auténticos en perjuicio de una empresa fue imputado por el fiscal Juan Ledesma, quien pidió medidas alternativas para el mismo ante el órgano jurisdiccional. Afecta a Adrián Benítez Espínola, mayor de edad, domiciliado en el centro comercial de Ciudad del Este, a quien le atribuyen la comisión de hechos punibles tipificados como producción de documentos no auténticos y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Benítez Espínola era contador de la empresa Ali Impot-Export, en cuya contabilidad habría introducido facturas presuntamente emitidas por Fabián Saúl Benítez Gómez, Liza Raquel Quiñónez de Piñánez, Arnaldo Pereira Sosa, José Sidinei Kemmerich Ferreira, Gladys Inocencia Usher, Fátima Isabel Talavera Chamorro, Dionisio González Gutiérrez, Gilda Catalina Acuña de Domínguez, Hermógenes Vera y Gladys Rivas.
La Secretaría de Estado de Tributación (SET) confirmó la producción de los documentos no auténticos, atendiendo que los contribuyentes de referencia no cuentan con vínculo comercial alguno con la firma del denunciante, Abundio López Ibarra.
Los hechos fueron detectados durante una auditoría que la SET llevó adelante en el 2017, que constató una defraudación fiscal por parte del contribuyente. El contador trabajó para el denunciante por varios años, produciéndole ingentes pérdidas económicas, ya que era el encargado de las presentaciones de las rendiciones contables. Incluso, habilitó un correo electrónico a nombre de la patronal, sin la autorización pertinente y lo declaró ante Tributación al denunciante como titular para manejar las notificaciones del Ministerio de Hacienda referentes a la empresa afectada.
Según el denunciante, el perjuicio económico provocado ascendería a unos G. 6.000 millones, que el contribuyente abona de forma parcelada a la SET, aun cuando la deuda haya sido fabricada por el contador.
El empresario formuló la denuncia ante el Ministerio Público y en el marco de la investigación, la Fiscalía había allanado el estudio contable del sospechado, ubicado en el quinto piso del edificio Urundey, en el microcentro de Ciudad del Este. En la oportunidad, se incautó una gran cantidad de facturas, libros contables, equipos informáticos y otras evidencias, supuestamente, relacionados con los hechos punibles.
Ahora, tras reunir suficientes elementos incriminatorios, el fiscal Ledesma presentó la imputación contra Benítez Espínola y solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, requiriendo la prohibición de salida del país, caución real hasta cubrir la suma que el Juzgado estime conveniente, además de la obligación de fijar domicilio fijo y en caso de modificación comunicar al juzgado. Igualmente, el representante del Ministerio Público pidió seis meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo.
