El inmueble de la subseccional colorada 24, en el que actualmente se construye un tinglado financiado por la Gobernación del Alto Paraná, a cargo de Roberto González Vaesken, fue dado en arrendamiento a la ANR por la Municipalidad de Hernandarias en el 2016, según las publicaciones de la fecha. Sin embargo, miembros de la Junta Departamental afirmaron que no tienen certeza si realmente se trata de un predio del Partido Colorado. Durante la sesión ordinaria de ayer, los ediles ni siquiera mencionaron el tema.
Igualmente, según un documento de pre liquidación por arrendamiento del inmueble ubicado en el barrio Santo Domingo de Hernandarias, el mismo es propiedad de la ANR. El mismo está representado por Víctor Benítez, presidente de la subseccional colorada y titular de la comisión de fomento que recibió de la Gobernación del Alto Paraná G. 128 millones para la construcción de un tinglado. Los trabajos se llevan a cabo actualmente. Asimismo, se critica que una estructura sencilla cueste dicha suma, ya que los entendidos sostienen que el costo de dicha edificación no superarían los G. 60 millones.
También en el 2016 se había hecho pública la resolución de arrendamiento a la subseccional por parte del intendente Rubén Rojas (ANR).
La ley 4743 de financiamiento político prohíbe la inversión de instituciones públicas en predios partidarios, al igual que donaciones a partidos políticos. Sin embargo, la concejal Sandra Miranda (Patria Querida) refirió que no le consta que ese inmueble sea de la ANR, y que luego de cerciorarse de la realidad se pronunciará al respecto. “Voy a ver si a quién pertenece el predio. Si constatamos que se trata de un predio de la ANR, no corresponde la transferencia, pero vamos a hacer las averiguaciones”, expresó.
Se esperaba que durante la sesión de la Junta Departamental, realizada ayer, los concejales se pronuncien ante la irregularidad, pero se mantuvieron en silencio.
ALMUERZO ESCOLAR
Otra de las irregularidades en la gestión del gobernador Roberto González Vaesken, sobre las cuales la Junta mantiene silencio, es el almuerzo escolar a escuelas públicas de los distritos de Ñacunday, Los Cedrales, Puerto Irala e Itakyry. El servicio fue adjudicado a la empresa Girasol S.A., por unos G. 7.000 millones, cuyo cumplimiento es desconocido por los ediles.
La edil Sandra Miranda dijo que espera que el gobernador remita informes sobre los detalles del contrato y la anulación parcial de la adjudicación que sufrió la empresa por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “No sabemos cuáles son las escuelas, cuál es la cantidad de raciones, cómo se deben proveer, entonces necesitamos esos detalles para ir y controlar”, finalizó.
