En una carta abierta a la opinión pública, las organizaciones campesinas nucleadas en el Foro Social Alto Paraná denunciaron la persecución que sufren algunos dirigentes y autoridades regionales que los respaldan en su lucha, de parte de la “mafia de las tierras y la soja en el Alto Paraná”. El documento se dio a conocer en estos días, pero no hubo reacción de las autoridades en torno al caso.
En el documento explican que el principal blanco es Tomás Zayas, líder de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (Asagrapa), quien es calumniado por organizaciones de productores sojeros por luchar por la recuperación de tierras malhabidas y las que pertenecen a los indígenas, principalmente al norte del departamento.
Algunos funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) y el concejal departamental Joselino Chaparro también son perseguidos por acompañar la lucha de los campesinos, de acuerdo al documento. Indicaron además que son impedidos de circular libremente por la región, debido a las imposiciones de los supuestos terratenientes que les impiden el ingreso a las zonas donde hay conflictos.
Expresaron los referentes de organizaciones campesinas, que la situación ya se puso a conocimiento de los tres Poderes del Estado y el Ministerio Público, ya que destruyen el medio ambiente y se apropian de tierras públicas y de indígenas con títulos de origen dudoso. Esto es lo que, en varias ocasiones, denunciaron Zayas y Chaparro y les valió la persecución de parte de los sectores afectados, resaltaron.
GARANTIAS PARA AMBOS
En la carta abierta firmada por José Tomás Benítez y otros referentes de las organizaciones campesinas, expresan que “ante cualquier ataque a nuestros compañeros y los funcionarios del Estado, exigimos al Gobierno que se arbitren todas las medidas para dar la garantía a ambos”.
Igualmente, alertan al campesinado altoparanaense para acompañar la tarea de los dirigentes, autoridades patriotas y funcionarios del INDERT que quieren cumplir el Estatuto Agrario y las normas ambientales.
Piden además la restauración de las comunidades indígenas y campesinas, el cumplimiento de la Constitución Nacional, el Estatuto Agrario, la Ley de Seguridad Fronteriza y las normas ambientales, además de la recuperación de unas 20 mil hectáreas de tierra que están en poder de “mafiosos y especuladores” en el Alto Paraná.
