Una nueva denuncia presentó ayer el desaforado senador Javier Zacarías contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, a quien sindica como autor de hechos punibles de denuncia falsa y simulación de hechos punibles que, acorde al sorteo aleatorio, serán investigados por el fiscal Sergio Irán Villalba. El denunciante acusa al titular del ejecutivo comunal de perseguirlo a él y a su familia por razones meramente políticas, en cumplimiento de promesas electorales hechas en detrimento de su esposa.
El escrito, profuso por cierto, trajo a colación la denuncia presentada por Prieto contra su esposa, la destituida intendente de CDE, Sandra McLeod, el exfuncionario Walter Feltes y el hoy accionante, en el marco de una feroz campaña de desprestigio, sin arrimar documentos que prueben o sustenten su acción penal que negó categóricamente. El escrito firmado por Zacarías Irún y su abogado Cristhian Cabral, señala asimismo la falta de seriedad de quien ostenta un cargo tan representativo como el de intendente municipal, que lo hizo responsable de atribuciones que no le corresponde como asesor ad honorem.
Negó haber sido funcionario municipal, cuando la ley de la función lo ubica dentro de esa situación, dado que primero ejerció el cargo de intendente y luego como última función estuvo como asesor “ad hoc”. En cuanto a la denuncia de Prieto, por supuesto hecho punible de asociación criminal, Zacarías menciona en su escrito que ello implica “crear una banda u organización jerárquicamente organizada, ser miembro o participante, apoyarla económicamente o logísticamente, prestar servicios o promover la asociación con la finalidad de delinquir” y negó los hechos. Sin embargo y de acuerdo con las infomraciones, una investigación medianamente seria detectaría que Zacarías Irún mantiene fuertes vínculos con antiguos funcionarios por él contratados y ensayados para desvalijar la institución municipal, como ocurrió con la caja 9, por ejemplo. Zacarías Irún sigue sosteniendo a agentes fiscales, jueces de primera y segunda instancias y hasta a miembros de la Corte Suprema de Justicia. En su petitorio, la parte actora solicitó al fiscal del caso una serie de diligencias, luego de las cuales se deba imprimir los trámites para el procesamiento penal del denunciado, quien ni se ratificó aún en sus denuncias anteriores contra el clan.
