El abogado Víctor Daniel Ferreira, asesor jurídico de Itá Paraná, concesionaria de la terminal de ómnibus de Ciudad del Este, presentó denuncia contra el intendente Miguel Prieto, la directora de asesoría jurídica Nidia Silvero de Prieto y otros funcionarios municipales por la comisión de presuntos hechos punibles tipificados como extorsión, lesión de confianza, intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre, violación de domicilio, daño y hurto agravado, ocurridos el viernes de la semana pasada, cuando lord mayor y su comitiva dieron cumplimiento a la resolución 349, asumiendo la administración de la estación de buses por parte de la dirección de administración y finanzas, recaudaciones y centro de procesamiento de datos de la institución municipal.
La denuncia contra los citados ingresó en la unidad penal, a cargo de Vanesa Candia, bajo el número 9703/19. Los dueños de la firma, que administró la terminal por más de tres décadas, manifestaron su agravio y solicitaron la inmediata intervención de la fiscalía de turno, arguyendo la existencia de un contrato de concesión de la administración y explotación vigente de la estación.
En la denuncia verbal presentada por el letrado se señalaba, igualmente, que el intendente Prieto y su comitiva ingresaron a las oficinas administrativas de la terminal de manera intempestiva para hacerse cargo de la administración, acto incidentado con discusiones de alto voltaje por ambas partes. La fiscal Candia, quien esta mañana, a las 07:00, entregará el turno penal ordinario, señaló ayer que iniciará las investigaciones llamando a la actora a ratificación y la presentación de los documentos que acreditan la administración de la terminal. El intendente ratificó que no existe licitación para otorgar la ampliación a la firma, ya que la misma no se halla registrada en Contrataciones Públicas, conforme se puede apreciar en el portal de la institución.
La notificación de inicio de las investigaciones fue remitida ayer a la oficina de distribución de causas del fuero penal para su toma de razón y designación de juez competente que entenderá en el proceso penal abierto, aún cuando dos hechos denunciados corresponden a acciones privadas.
