En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de ayer, la legisladora liberal Celeste Amarilla insistió en que Ulises Quintana pierda su investidura, debido al proceso judicial abierto en su contra. La respuesta del parlamentario por el Alto Paraná fue que no corresponde su destitución, debido a que no existen elementos para vincularlo con el narcotrafico. Paralelamente, escrachadores pidieron que los diputados Carlos Portillo (PLRA) y Tomás Rivas (ANR) también pierdan sus respectivas investiduras.
“No va a prosperar la pérdida de investidura porque no corresponde”, afirmó tajantemente Ulises Quintana al responder a requerimientos de la prensa tras lo manifestado por su colega liberal respecto a que debe renunciar o que el pleno de la corporación legislativa lo destituya de la Cámara Baja.
El parlamentario esteño insistió que no existen argumentos suficientes para que pierda su investidura, señalando que las acusaciones en su contra no pudieron ser probadas por el Ministerio Público, por lo que reiteró que no correrá el pedido de pérdida de investidura impulsado por la diputada Amarilla.
La Fiscalía imputó a Ulises Quintana por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El legislador reafirmó este miércoles ante medios periodísticos que demostrará su inocencia durante el proceso judicial abierto en su contra.
En tanto, Amarilla reiteró que insistirá en su pedido de pérdida de investidura de Quintana. No obstante, la legisladora reconoció que, hasta el momento, no hay votos suficientes para la expulsión de su colega. Por su parte, Ulises aseguró que no correrá el pedido de pérdida de investidura, debido a que no hay méritos para llegar a dicha instancia.
De manera paralela, miembros de la agrupación Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE) ya presentaron de manera oficial los pedidos de expulsión contra tres diputados: Ulises Quintana, Tomás Rivas y Carlos Portillo.
El pasado 10 de julio, Quintana retomó su banca que era ocupada por Rocío Abed, esposa del también cuestionado diputado colorado Justo Zacarías, luego de que se haya decretado la prisión del mismo, que lo cumplió en el penal militar de Viñas Cué por el lapso de 10 meses.
