El intendente Miguel Prieto anunció que el dirigente mesitero, Javier Miranda, asumirá como jefe de la dirección de fiscalización de la Municipalidad de CDE, en reemplazo del exconcejal liberal, Nelson Maidana. En la era del clan Zacarías, el cargo era ocupado por Ireneo Franco, contra quien abundan denuncias por venta ilegal de puestos de venta. Miranda adelantó que urge lleva a cabo un censo para conocer la cantidad real de mesiteros y legalizar la situación de los mismos. Mencionó la falta de veredas en la zona céntrica y remarcó que se debe analizar la situación actual del predio de las 9 hectáreas.
Miranda adelantó que urge determinar cuántos y quiénes son los comerciantes que ocupan las veredas del microcentro de Ciudad del Este y que esta sería la primera medida que tomaría. Estimó que asumirá al cargo entre el jueves y viernes de esta semana. Cuestionó que hace 18 años, el clan Zacarías, con Ireneo Franco al frente de la dirección de fiscalización, y dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Vía Pública lucraron con las casillas de metal ubicadas en las veredas de la ciudad. Indicó que hasta hoy funciona el mencionado esquema, desde la Junta Municipal de Ciudad del Este, dado que esta sigue aprobando cánones, sin autorización de la Intendencia.
El nuevo funcionario comentó que estima la existencia de 8.500 a 9.000 mesiteros, de los cuales solamente 3.000 estarían cumpliendo con el pago del canon de manera legal. “Estos datos los deberemos confirmar con el censo que sí o sí se tiene que hacer”, expresó.
Al ser consultado sobre el procedimiento de legalización que podría “mover el avispero”, aseguró que solamente 200 personas, en su mayoría dirigentes que lucran en forma ilegal, serían los que se van a oponerse.
HASTA 11 SALONES
Miranda apuntó que existen personas que tienen hasta 11 puestos de venta en las veredas. Indicó que una ordenanza establece que solamente se puede contar con hasta dos casillas o mesitas, “pero ahí empezaron a pagar a los dirigentes y fiscalizadores para que las casillas se pongan a nombre de hijos, esposas. Todo se hizo para extorsionar. Esto no se consigue gratis”.
Por otro lado, desde el inicio de las obras en la primera etapa hubo denuncias de venta ilegal de casillas.
NUEVE HECTÁREAS
Miranda también habló de la necesidad de analizar la situación actual y legal de las 9 hectáreas, dado que el inmueble debería ser el sitio donde sean reubicados los trabajadores de la vía pública.
“Metieron en la cabeza de los mesiteros que es imposible tener un puesto en las 9 hectáreas. Esto lo hicieron los dirigentes, porque si fuera así se terminaría el cobro irregular y la venta de veredas para instalar las casillas”, finalizó.
