Para esta mañana está convocada al juzgado penal de garantías una abogada denunciada por una empresaria, quien logró su imputación sin que el fiscal Sergio Irán Villalba realice diligencia alguna tras haber presentado todas las instrumentales que desmienten la existencia de los hechos punibles manifestados por Dilma Urunaga contra la abogada Mónica Irmina Ayala de Acuña, de 49 años, afincada en Villa Bancaria de Ciudad del Este.
La abogada señaló que la empresaria residió en su domicilio mediante un acuerdo privado de compromiso de venta, que la misma incumplió en reiteradas oportunidades hasta que el 8 de mayo fue intimada a cumplir el acuerdo, caso contrario se judicializaría la cuestión. Ayala de Acuña dijo que fue acusada de hurto agravado y coacción, figuras penales utilizadas por el fiscal VIllalba para requerir al juzgado su prisión preventiva. Negó categóricamente la autoría de los hechos y empezó a buscar antecedentes de la empresaria, de quien dijo posee uno por estafa y contaría con el fuerte respaldo de un abogado gremialista con relaciones en el Consejo de la Magistratura, quien estaría ordenando los pasos a seguir en la cuestión.
La abogada procesada no fue comunicada de su audiencia para ser oída esta mañana, aunque aseguró que acudirá a la convocatoria. Urunaga obró de mala fe ante la evidente ayuda del fiscal, quien no consideró las documentaciones arrimadas por la denunciada, ni diligenció cuestiones puntuales, como el reconocimiento de las personas que aparecen en la gráfica de este material, donde claramente se observa a uno de los hijos de la accionante. El escrito de imputación hace referencia a un camión de la marca Mercedes Benz, color blanco, chapa CGC 126, del registro del automotor, en cuya carrocería se encontraban todos los enseres propios de una vivienda para su traslado, oportunidad en que Urunaga habría sido amenazada de muerte por la abogada.
El fiscal Villalba asegura, sin investigar, que la procesada es la responsable del hecho. La denunciada habló de unos 45.000 dólares, que la empresaria habría acordado con el abogado, con ínfulas en el Consejo de la Magistratura, para dejarla sin sus bienes mediante la presente acción.
