La intendencia municipal de Ciudad del Este, a través de su asesoría jurídica, presentó ayer nueva denuncia contra la destituida intendente Sandra MacLeod de Zacarías y los 12 concejales del periodo fiscal 2010 2015, por hechos punibles de exacción y lesión de confianza, con pedido de prisión para cada uno de ellos. La presentación se realizó ante la fiscalía adjunta, con expreso pedido de su derivación a la Fiscalía General del Estado para que designe un fiscal especializado para investigación, debido a que la ciudadanía perdió la confianza a los representantes públicos de la zona y se reservó el derecho de ampliar la denuncia contra otros eventuales responsables de los hechos denunciados con querella adhesiva.
El escrito señala que la exacción se produjo en la contribución para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios juntamente con el cobro del Impuesto Inmobiliario y otros, pues se trata de un tributo que no se encuentra en los impuestos, tasas o contribuciones percibidas por la comuna, que suman un total de G. 4.578.328.893 que, según la transferencia de McLeod, alcanzó solamente un 6% de todo lo recaudado. Los datos fueron extraídos del informe final que presentó la interventora María Carolina LLanes, material considerado como “una biblia”, por el intendente Miguel Prieto, al momento de afirmar que la presentación de ayer es apenas un inicio de una serie de denuncias que contiene el citado documento que sirvió para destituir a Sandra McLeod de Zacarías de la Intendencia.
La denuncia, con pedido de prisión, afecta de igual modo a los entonces concejales Nery Jara, Gustavo Ruiz Díaz, Perla Rodríguez de Cabral, Nelson Maidana, Isaías Álvarez, Alberto Rodríguez, Guadalupe Bernal, Juan Ángel Núñez, Lilian González y Aida Molinas, quienes aprobaron el mensaje 462/13, por el que se creaba el pago para los bomberos voluntarios, cuyos montos no llegaron a destino. Tanto el intendente Prieto como su asesora jurídica, Nidia Silvero de Prieto, pidieron que su escrito sea remitido a la capital del país y el diligenciamiento inmediato de los puntos cuestionados, con los que deberán imputar con pedido de prisión a los eventuales responsables de los hechos denunciados.
