Francisco Amarilla, intendente del distrito de Juan E. O’Leary, dijo que accionará judicialmente contra los concejales, ya que estos se basaron en datos falsos para aprobar un pedido de intervención y propagaron informaciones tendenciosas por los medios de comunicación, asegurando que cometió irregularidades en su gestión en la comuna.
El jefe comunal acotó que existen faltas administrativas en su gestión, pero no hay obras fantasmas, sobrefacturaciones u otras acciones que merezcan una acción penal o un pedido de intervención de la Municipalidad. “Ellos aprobaron el pedido de intervención con el argumento que no pude justificar los cuestionamientos, pero estuve en la Junta, veté esa resolución y no hubo votos para que se ratifiquen”, insistió.
El intendente acusó a los ediles de contar con la asesoría del abogado Braulio Duarte, quien está promoviendo la intervención de la comuna, con aval de parlamentarios y ediles de la ANR. Hablan que el palacete municipal tiene goteras y es una obra que cuenta con todas las certificaciones, hecha mediante un préstamo aprobado por la Junta Municipal, agregó.
En cuanto al polideportivo, que los ediles dicen que no tiene las condiciones de seguridad suficientes y recomendaron la suspensión de la obra, Amarilla respondió que la intención es que cesen los trabajos, pase el tiempo y luego lo acusen por abandonar la obra que tiene 2.500 metros cuadrados.
“Los fiscales de obras, los encargados del proyecto, todos nos indican que el trabajo está bien, que no hay riesgos y vienen los concejales a decir que no tiene seguridad la estructura. Ellos pueden pedir informes, pero no disponer la suspensión de la obra, como pretenden”, añadió.
AUMENTO EN SUS ASIGNACIONES
El intendente se refirió que los concejales de su distrito que se autoasignaron aumentos de sus gastos de representación, llegando ahora el cobro mensual a G. 2.500.000, para una comunidad que recauda poco más de G. 800 millones al mes. Amarilla apuntó que el aumento fue de G.1.500.000 para los 12 concejales, los funcionarios de la Junta Municipal y el asesor del legislativo. “Ellos se reúnen cada 15 días, no presentan proyectos que sirvan para la comunidad, pero se aumentan sus ingresos. Son casi G. 35 millones al mes que se destina solo para los pagos en la Junta Municipal”, reclamó.
La “guerra” entre el ejecutivo y al menos siete ediles colorados y otros de su partido (PLRA) tiene como trasfondo las próximas elecciones municipales, de acuerdo a lo mencionado por Amarilla, quien insistió que su gestión es transparente y que en un 90 a 95% hizo bien los deberes al frente de la municipalidad.
