La Intendencia de Ciudad del Este dispuso la clausura de la construcción de dos estaciones de servicio y notificó a una tercera. Sin embargo, hay numerosos puestos de expendio de combustibles que fueron habilitados durante la administración de Sandra McLeod de Zacarías, con la venia de la Junta Municipal, que contaba con mayoría opositora. Los ediles habrían recibido coimas de los propietarios de los surtidores para permitir las obras y habilitaciones, violando la ordenanza 29/2003, que amplía la ordenanza 40/98, que regula las estaciones de servicio. Esta normativa prohíbe la colocación de dos puestos a menos de 1.000 metros de distancia, y en zonas de aglomeración de personas.
El caso más alevoso es el de dos surtidores colocados prácticamente uno al lado del otro, divididos solamente por la avenida Fortín Toledo, en el Km 7, sobre la avenida República del Perú. A pesar de la visible situación irregular, ambas estaciones de servicio operan impunemente. Igualmente, uno de los puestos se habilitó casi detrás del sanatorio Central, cuando la ordenanza prohíbe que estos establecimientos sean colocados en sitios con gran aglomeración de personas.
Es materia pendiente para la administración de Miguel Prieto hacer que las leyes se cumplan, dado que la situación en que se encuentran representa un peligro para la población.
En tanto, ayer, el jefe comunal, acompañado de funcionarios de la dirección de área urbana, dispusieron la clausura de dos construcciones, mientras que una fue notificada. La primera verificación fue realizada a una construcción realizada sobre la avenida Mariscal López (supercarretera), en el Área 1 de Ciudad del Este, perteneciente a la empresa T y S S.A., representada por Julio González. En ese lugar, presuntamente se está construyendo una estación de servicios del emblema Petrosur.
El director del ambiente, Marcos Alderete, manifestó que su dependencia recibió un pedido de permiso para tala de árboles en ese terreno, pero cuando verificaron el lugar ya todos los árboles fueron derribados sin el permiso correspondiente. La construcción fue clausurada ayer por violación de la ordenanza 29/2003, que amplía la ordenanza 40/98, que regula las estaciones de servicio.
Estaba realizándose frente a otro surtidor, pese a que la normativa municipal establece que debe haber una distancia mínima de 1.000 metros entre un surtidor y otro. También se tuvo en cuenta que la empresa no presentó hasta la fecha los documentos requeridos por la Ley 294/93, que exige una Licencia de Impacto Ambiental y un Plan de Gestión Ambiental (PGA). El proyecto de la empresa T y S S.A. fue habilitado en marzo de 2019 por la Junta Municipal y la intendente Perla Rodríguez de Cabral, pese a que no presentó todos los documentos requeridos.
Otra estación de servicios que está siendo construida sobre la supercarretera, en Villa Bancaria, presuntamente del emblema Puma, también fue verificada. La Municipalidad autorizó esta obra en 2015, pero no existen mayores documentos sobre el emprendimiento. Se procedió a la elaboración de una notificación a los propietarios, a través de vecinos.
La tercera visita fue realizada a una construcción que se realiza en el Km 9, Monday sobre la avenida Mons. Rodríguez. En el terreno supuestamente se está construyendo un estacionamiento. Sin embargo, fiscales de obras y del ambiente notaron la existencia de tubos y filtros para expendio de combustibles. Se trataría de una estación de servicios, que se estaría construyendo sin los documentos y habilitaciones necesarias. La obra también fue suspendida temporalmente y pertenece a Inversiones San Isidro, representada legalmente por la abogada Lisa Romero.
Prieto acompañó todos los procedimientos y anunció que ninguna estación de servicios más será habilitada durante su gobierno. Dijo que existen suficientes, y muchas de ellas están violando ordenanzas y leyes ambientales.
Los procedimientos fueron liderados por los directores de ambiente, Marcos Alderete, área urbana, Stefany Garcete, y asesoría jurídica, Nidia Silvero.
