Un hombre se encadenó ayer a la mañana frente a la Junta Municipal de Presidente Franco, ubicada sobre la avenida Monday, en reclamo por supuestas irregularidades cometidas por las autoridades, en la disposición de basura en el municipio. Dijo que el extinto intendente Miguel Medina Mauro había comprado un terreno de 10 hectáreas para un vertedero municipal, donde ahora se planta soja y los contribuyentes deben pagar altos costos por usufrutuar vertederos privados.
El manifestante, identificado como Herminio Saúl Román, quien días pasados ya había escrachado al edil Roberto Brizuela (PLRA) por, supuestamente, coimear hasta por chanchos, ayer su reclamo fue a favor de la recuperación del terreno destinado para un vertedero municipal, ya que el actual se encuentra clausurado y el intendente Roque Godoy debió paliar la problemática contratando una empresa privada para la disposición final de los residuos.
Román se encadenó por el poste del tendido eléctrico y dijo que “el vertedero municipal se clausuró por la inacción de los intendentes y los concejales; nunca se invirtió ahí nada, estoy acá como un ciudadano indignado, porque los franqueños nunca supieron que hay un terreno de 10 hectáreas que se compró para un vertedero municipal y ahora se está usando para plantación de soja. Nos dicen que está en litigio, pero porque la Municipalidad no pelea por recuperar, por plata del pueblo se compró en su momento”, señaló Román.
“Hay concejales que pidieron al intendente los documentos sobre este supuesto litigio y con su asesoría jurídica nunca respondió. Por eso exijo públicamente, no a la privatización del vertedero de Presidente Franco, porque al no contar con un predio, el costo es mucho mayor. G. 65.000 se está pagando ahora por recolección, y hay mucha gente de escasos recursos”, añadió.
Por su parte, el presidente de la Junta Municipal, Roberto Brizuela, afirmó la existencia de dicha propiedad en Puerto Península, cuya compra fue hecha por el exintendente, Medina Mauro (+) por aproximadamente G. 200 millones de un propietario de apellido Mareco. Este hombre revendió el inmueble a otra persona y empezó el litigio judicial para determinar a quién entregar la propiedad.
“El caso está en manos del Juzgado, del asesor jurídico de la Municipalidad, Patrick Ramírez, y del intendente, la Junta no tiene nada que ver con ese inmueble, además no se está privatizando el vertedero. Por recomendaciones de la SEAM se clausuró el que utilizábamos y mientras tanto se consiga otra propiedad o se recupere esas 10 hectáreas, el jefe comunal contrató a una empresa para la recolección y disposición de los residuos”, indicó Brizuela.
