La directora interina del correccional de mujeres “Juana María de Lara” de Ciudad del Este, Graciela Burgos, fue denunciada ante la Fiscalía por apropiación por el abogado Julio Martínez, hijo de Genoveva Bogado de Martínez, funcionaria de la citada institución carcelaria. En hecho ocurrido el 20 de mayo último en el interior de la penitenciaría, consistente en un teléfono celular de la marca Samsung J7.
El denunciante, Genoveva Bogado, dijo que esa fecha, siendo las 08:30, su madre llegó a su lugar de trabajo y fue convocada por Burgos, quien le solicitó inmediatamente la entrega de su celular con la excusa de que había hecho varias tomas gráficas para, de manera agresiva, ordenarle que se retire de la oficina, apoderándose de su pertenencia, para luego abandonar la institución con el celular ajeno en su poder.
La denuncia fue presentada en la unidad fiscal nº 6 y señala que la afectada es paciente cardiaca, con hipertensión arterial y que a consecuencia del percance sufrió un pico de presión. En ese lapso, llegó a la institución carcelaria el hijo de la víctima que, al verla casi descompensada, la trasladó al Hospital Regional y luego a un centro asistencial privado, donde quedó internada en estado de observación.
El fiscal Julio Paredes ordenó las primeras diligencias comunicando el inicio del procedimiento al juzgado penal de atención permanente, requiriendo la individualización de todos los funcionarios que prestaban servicios en el correccional el día en que presuntamente ocurrieron los hechos. La funcionaria se presentó a ratificarse en todos los términos de su denuncia y solicitó que la investigación sea abierta por la tipificación penal de hurto, ya que la directora interina se niega a devolver el aparato telefónico a su propietaria.
Citó como testigos a cuatro compañeros de trabajo que estaban de guardia al momento de ocurridos los hechos, solicitando que sean convocados para declarar y al obtener los elementos primarios de juicio se resuelva la imputación penal de la directora interina, Graciela Burgos, quien deberá ser sometida a la justicia y serle aplicado el castigo penal correspondiente a su comportamiento en el ejercicio de sus funciones públicas.
