Son varios los concejales de Presidente Franco acusados de rifar terrenos municipales, de traficar influencias, extorsionar a personas que desean trabajar en el municipio y de pedir coimas. Uno de los casos más graves fue el que involucró al mismo intendente Roque Hernán Godoy(PLRA) de enajenar un valioso inmueble comunal, de más de una hectárea, a un empresario por solo G. 260 millones, a base de supuestas dádivas, conforme se había publicado.
En el despojo del valioso terreno municipal, ubicado en el barrio Tres Fronteras, según algunos audios, atribuidos al concejal José Guerin (PLRA), el mismo sugirió que el intendente Godoy pedía una coima de G. 300 millones para firmar la entrega. Este hecho ocurrió en diciembre del año pasado.
Referente al tráfico de influencias, el edil Lucio Vera (PLRA) había sido señalado en febrero del 2018, de ubicar a su cuñado, Germán Cáceres, como jefe de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad, además de lograr varias licitaciones a empresas amigas de la “mano” de su cuñado.
Por otro lado, parientes cercanos de los ediles, como Julia Ferreira (PLRA), Roberto Brizuela (PLRA) y Bartola Fernández (Indep.) también fueron contratados en la comuna durante el periodo administrativo de Godoy; la concejal Fernández, incluso, fue imputada por nepotismo.
Por otra parte, los ediles colorados, Miguel González, Adolfo Acosta y Blanca Acuña también son, supuestamente, beneficiados con varios negociados en el municipio mediante licitaciones a empresas que pertenecen a sus allegados, o en las distribuciones de regalías. Es más, Acuña había sido denunciada de despojar de un terreno a una mujer de avanzada edad en el Km 11, mediante un prestanombre.
En estos días, se evidenció la aparente forma del nefasto chantaje a prestadores de servicios de la Municipalidad para no ser “tocados” por los concejales. Los audios del presidente de la Junta, Roberto Brizuela, solicitando dinero y rechazando un lechón como parte de pago por ser aún muy pequeño, son reveladores y la Fiscalía debe investigar, como también los ciudadanos franqueños deben repudiar estas prácticas que arruinan a un municipio.
