TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Apertura de sobres para la construcción de la penitenciaría en Minga Guazú

Ayer se llevó a cabo la recepción y apertura de 16 ofertas para la construcción de dos penitenciarías en Emboscada (Cordillera) y otra en Minga Guazú (Alto Paraná). Se trata de la Convocatoria de la Licitación 355616 “Llamado MOPC N° 121/2018 Licitación Pública Nacional para la Construcción de nuevos establecimientos penitenciarios”. El acto se desarrolló en la sede del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOCP).

Predio de 15 hectáreas donde será construida una penitenciaría.

El proyecto tiene un plazo de ejecución de 16 meses, con una inversión de USD 36 millones, financiado por bonos del Estado. En el décimo departamento, en Minga Guazú, se prevé que la capacidad sea para 1.320 reclusos, en las otras dos cárceles, la cantidad sería igual. Esto ayudaría a mermar el hacinamiento de varias cárceles del país.

Para el efecto, se presentaron 16 empresas, cuyas ofertas serán analizadas en un tiempo determinado. Se trata de Tecnoedil SA, Consorcio ABH ITASA, Consorcio Serviar, Caraguatay SA, Aponte Latrre SA, Consorcio La Merced, Consorcio Emboscada, Consorcio AGB TOCSA, Consorcio Salum y Wenz asociados, Consorcio Emboscada, Consorcio Penitenciario, Consorcio Cordillera, Consorcio Seguro, Barrail Hermanos, Ocho A SA y Consorcio Emboscada.

La apertura de ofertas que serán analizadas fue con la presencia de Lincy Lucena de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), la Abg. Marcela Laterza, de la Dirección de Asuntos Jurídicos; la Arq., Luciana Barrios, de la Dirección de Obras Públicas, y el Ing. Andrés Viré, del Ministerio de Justicia.

Según los reportes, los nuevos reclusorios cumplirán con las exigencias de seguridad acordes a los estándares internacionales. Es decir, se buscará realizar la capacitación adecuada de los funcionarios penitenciarios, la inclusión de servicios de sanidad para tratar los problemas de adicción y salud mental. También se prevé que se potencie el desarrollo de proyectos de reinserción social para las personas privadas de libertad.

Actualmente, en todo el país existen aproximadamente de 15.000 personas privadas de libertad y la capacidad de albergue es para un poco más de 6.500 internos.

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