TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Allanan depósitos del Parque Mercosur y detectan conexiones eléctricas clandestinas

Una comitiva, integrada por un juez, una fiscal, policías y técnicos de la ANDE, allanó ayer el complejo de depósitos del Parque Mercosur, ubicado en el Km 9,5 de la ruta VII, en el marco de una denuncia efectuada por el ente estatal ante presunto hecho de sustracción de energía. Apenas ingresado dentro del predio, el grupo empezó a verificar la ubicación de los medidores, constatando que todo el circuito de varias hectáreas, contaba con conexiones clandestinas. El operativo estuvo encabezado por el magistrado Carlos Vera Ruiz y la agente fiscal Vanesa Candia.   

Técnicos de la ANDE durante la verificación de las instalaciones eléctricas dentro del complejo de depósitos.

Funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informaron que ninguna de las cajas contaba con el medidor del suministro energético, por lo que procedieron al corte total de la energía utilizada de manera clandestina por los propietarios e inquilinos de los depósitos donde se generan ingentes ganancias económicas.

El abogado Oscar Chávez, uno de los asesores jurídicos del ente denunciante, explicó que en el lugar pudieron constatar conexiones directas, locales que declaraban el consumo mínimo cuando en realidad, se utilizaba el máximo de energía posible. En esos casos, se dispuso el retiro de las acometidas, configurándose la tipificación penal de sustracción de energía eléctrica. Agregó que en varios depósitos se detectaron transformadores no declarados en la ANDE, que generaban bajos consumos a los pocos medidores existentes en el complejo.

La situación ameritó el retiro de los fusibles, para que los mismos dejen de funcionar, acotó el letrado, al tiempo de afirmar que una gran mayoría de los depósitos estaba con el sistema eléctrico de manera irregular. Una vez terminada la tarea que, probablemente, concluiría hoy, la representación pública, asignada a la investigación del caso, deberá imprimir las diligencias pertinentes para identificar a cada usuario clandestino de la prestación, que serían sometidos a proceso penal. En casos precedentes, este tipo de hecho concluye generalmente en el pago de multas al denunciante tras una estimación del consumo y la reparación al daño social causado.

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