En cumplimiento al mandamiento de allanamiento firmado por el juez penal de garantías Gustavo Amarilla, las fiscales especializadas en anticorrupción Irma Llano y Silvana Otazú allanaron ayer la presidencia de la Junta Municipal y la Intendencia de Ciudad del Este y requisaron documentos referentes a una nueva denuncia por producción de documentos no auténticos presentada por el abogado Nicolás Russo contra Javier Zacarías Irún. El procedimiento generó agrias discusiones entre el presidente del legislativo comunal, Nery Chávez, acérrimo defensor del clan, y el concejal opositor Herminio Corvalán, debido a que el primero no quiso permitir el acceso al recinto de periodistas, al punto que intervino la fiscal y ordenó el ingreso.
La comitiva se incautó copias autenticadas de cuatro resoluciones de los años 2011 al 2013, con identificaciones 603/ 11, por la que se adjudica un terreno municipal ubicado en el barrio Ciudad Nueva a Miguel Zacarías Benítez Reyes; 325/12, 415/12 y 445/13, las tres últimas autorizan concesión de explotación de juegos de azar, una de ellas electrónico (casino). Todas las resoluciones están firmadas por Alberto Rodríguez y Blas Darío Domínguez, en su carácter de presidente y secretario general de la Junta Municipal, en los tiempos de su producción. En un momento dado de la intervención, se produjo un enfrentamiento verbal entre Chávez y Corvalán, debido a que el primero intentó obstruir la labor de la fiscal, quien, a su vez, se vio obligada a poner orden dentro del recinto y amenazó con dar autorizaciones a la Policía para el efecto. En un principio, las resoluciones de referencia no se encontraron en los biblioratos de la presidencia, pero posteriormente, con la participación del asesor jurídico del legislativo, Leonardo Ayala Balmoris, y el secretario general Claudio Durañona se encontraron las resoluciones pertinentes en la sección archivos.
La fiscal Llano ordenó se hagan copias de los citados documentos para finalmente retirar los originales para su entrega a su colega Silvana Otazú, titular de la causa abierta por producción de documentos no auténticos, bajo la intervención del juez Gustavo Amarilla, quien autorizó el allanamiento de las dependencias de la Junta y del ejecutivo comunal, de donde igualmente se incautó los documentos a los que hacía alusión la orden judicial.
