COLONIA SANTA LUCIA, Itakyry (Especial) Un grupo de abogados del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), atropellaron de manera prepotente ayer a la mañana propiedades de moradores en ésta colonia, legítimos ocupantes de dichas tierras, desalojando a los mismos de los inmuebles que venían ocupando hace 28 años y que incluso contaban con documentación del Indert que les acreditaba la posesión. Para empeorar aún más las cosas, los representantes legales del Indert no exhibieron ningún tipo de documento para justificar este atropello e incluso se burlaron de los desalojados, quienes al exhibirles dictamen favorable del Indert, simplemente lo rompieron en su cara, diciendo que “no tenía ninguna validez”.
El irregular operativo se realizó ayer a la mañana en la colonia Santa Lucía del mencionado distrito. El operativo fue encabezado por la directora jurídica del INDERT, abogada Natalia Caballero, la asesora jurídica del ente, Yeni Cardozo, el interventor de la Colonia Santa Lucia, abogado Néstor Galli y el funcionario Andrés Benítez Ayala, quienes estaban acompañados por personal policial.
De manera prepotente, los mismos ordenaron el desalojo de los colonos, que hace unos 28 años se encontraban ocupando dichas tierras y poseen certificados de adjudicación del año 2007, otros ya pagaron y cancelaron todas las cuotas, pero dichos documentos no son tomados en cuenta.
En un acto de demostración de prepotencia en su máxima expresión y populismo barato, la directora jurídica del ente estatal, abogada Natalia Caballero llegó a “romper en la cara” de la abogada de una de las afectadas, la señora Marli Blazio de Alves, el dictamen nº 141 de fecha 05 de abril del año en curso, en el cual la propia Indert, a través de uno de sus asesores jurídicos de nombre Nicolás Yegros hacía constar que la misma era legítima beneficiaria y que podría proseguir el proceso de titulación a favor de la señora Marli, por ser de absoluto derecho.
Sin embargo, los asesores del Indert no estaban dispuestos a escuchar los argumentos legales de los afectados, ordenando de manera prepotente a la Policía a proceder al desalojo de las familias, quienes atónitos observaban cómo eran despojados de las tierras que usufructuaban hace décadas. Para los intervinientes, “todo lo decidido por el anterior presidente del Indert, Justo Cárdenas, no tiene ninguna validez”. Pero tampoco exhibieron documento alguno firmado por el presidente actual, Horacio Torres, que pueda justificar semejante atropello a la propiedad privada.
Ahora, en su lugar, supuestos carperos, identificados como Francisco Javier Giménez Fernández, Antonio Fernández Franco, Ilda Rojas, Ramón Rojas, Reinaldo Gutiérrez y Ramón Acosta, fueron “adjudicados” con las tierras y se les entregó en posesión las mismas, incluso ignorando los cultivos de soja existentes en las propiedades. Es decir, los carperos ahora inclusive podrán cosechar el plantío realizado por los colonos, quienes fueron expulsados del lugar de forma totalmente arbitraria.
COIMA
Fuentes fidedignas aseguraron que el funcionario del Indert, Andrés Benítez Ayala, encargado de fiscalizar las tierras de la reforma agraria en esa zona del país, en complicidad con un agrimensor del Indert, habría pedido millonarias coimas a los colonos afectados por el desalojo. De acuerdo a los datos, en uno de los casos, llegaron a pedir 50 mil dólares a una de las víctimas, a cambio de permanecer en sus tierras. Acorde con los datos, Benítez se jacta de ser “todopoderoso” y afirma que “él es la ley” en Itakyry. Con lo ocurrido ayer, esto queda plenamente demostrado, ya que los documentos legales y lo que dispone la ley es letra muerta para los funcionarios del Indert, quienes ningunean lo dispuesto por administraciones anteriores y de manera prepotente y hasta ilegal benefician a supuestos carperos, quienes en algunos casos hasta poseen orden de captura y solo pretenden hacer posesión de las tierras para volver a arrendarlas a personas inescrupulosas que no son sujeto de la reforma agraria.
